Lima, 19 abr (EFE).- El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones de Perú (Osiptel) acusó a las empresas de telefonía del país de incumplir las normas al seguir vendiendo líneas de manera ambulatoria e informó que en 2022 se presentaron más de 77.000 reclamos ciudadanos por contrataciones no solicitadas.
«Las ventas irregulares de líneas móviles, en su mayoría realizadas en la calle de manera ambulatoria, motivaron que, en el 2022, las personas presenten 77.597 reclamos ante las cuatro principales empresas operadoras por la contratación no solicitada del servicio móvil pospago», detalló el organismo.
Esa cifra implicó un incremento de más de 35 %, respecto al año anterior, «de los casos de líneas móviles pospago que habrían sido vendidas de manera irregular, probablemente en la vía pública».
El Osiptel añadió que las empresas operadoras también registraron más de 10.000 «cuestionamientos de titularidad» de servicios móviles prepago, una cifra 107 % mayor a la de 2021.
«En la venta ambulatoria, los datos sensibles como el DNI o la huella dactilar son entregados a terceros que pueden utilizarlos para sacar líneas móviles sin consentimiento de los usuarios y para fines delictivos», comentó el presidente del Osiptel, Rafael Muente.
El funcionario dijo que el organismo brindó en 2022 más de 44.000 datos a instituciones como el Ministerio del Interior o el Ministerio Público para identificar a titulares de líneas o equipos móviles que están relacionados a delitos.
Muente aseguró que el organismo que preside «continúa fiscalizando este mal accionar de las empresas operadoras, que persiste pese a que vulnera los derechos de los usuarios y los altos riesgos para la seguridad ciudadana».
El Osiptel indicó que en 2022 las multas impuestas a las empresas por infracciones relacionadas a la venta ambulatoria superaron los 4,6 millones de soles (1,2 millones de dólares), pero «está acción ilegal continúa, pues el monto de la sanción es menor al beneficio o ingresos que obtienen incumpliendo las normas».
Por ese motivo, Muente sostuvo que es necesario elevar la capacidad de sanción del ente regulador, ya que las multas actuales no tienen capacidad de disuasión «y alientan a que las empresas operadoras continúen con la venta ambulatoria o se nieguen a remitir información al Osiptel, entre otras infracciones, pues están dispuestas a asumir las consecuencias de sus acciones».
«Los incumplimientos de las empresas se traducen en la insatisfacción con el servicio recibido y también en los reclamos presentados por los usuarios, que se incrementaron en 42,9 % en el 2022 superando los 2,3 millones», acotó.
El Osiptel informó que la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso ya aprobó por mayoría un proyecto de ley que prohíbe la comercialización y contratación de los servicios móviles de forma ambulatoria o en la vía pública y asigna responsabilidad administrativa a los representantes de las empresas por ello.
La norma fortalece la capacidad sancionadora del organismo en cuanto a la calificación de infracciones, niveles de multas y multas coercitivas, lo que, según se indicó, «traerá como consecuencia que las empresas operadoras, brinden un mejor servicio a los usuarios».
Este proyecto de ley deberá ser discutido en las próximas semanas en el pleno del Congreso para su eventual aprobación.
