El servicio de transporte público está cada vez peor en nuestro país, especialmente en el área metropolitana; pero, paradójicamente, el subsidio a las empresas de este sector sube cada año. En el 2022, los desembolsos mensuales totalizaron unos G. 278.268 millones (USD 39 millones), monto que duplicó a lo abonado en el 2021, que había llegado a G. 133.973 millones (USD 18 millones).
Con el objetivo de que se mantenga el precio del pasaje y se mejore el servicio brindado es que, desde el año 2011, los empresarios del transporte público reciben un subsidio por parte del Estado paraguayo. Ese subsidio se calcula mediante la tarifa técnica, que es la suma del costo del pasaje abonado por el usuario más el subsidio por pasajero pagado por el Estado.
En concreto, la tarifa técnica es el conjunto de valores relacionados con la cantidad de validaciones, kilómetros recorridos, precio del combustible, precio del dólar y otros valores variables. Debido a estos múltiples factores que son analizados en la planilla de cálculo, la tarifa técnica resultante mes a mes es variable.
Actualmente, son 33 las empresas de transporte público de pasajeros del Área Metropolitana que acceden a los subsidios, las cuales representan el 80% de las permisionarias. En los últimos meses saltó a la luz un video grabado por un pasajero en donde se observa a un chofer realizando validaciones y desde ahí existe la sospecha de que los empresarios realizan esa maniobra para inflar la cantidad de usuarios y, de esa manera, recibir mayor subsidio.
Tras ese episodio, el Viceministerio de Transporte emitió una resolución mediante la cual reglamentó el procesamiento de los pagos de subsidio en concepto de retención provisoria de usos llamativos por cobro electrónico de pasaje (a partir de 10 usos en la misma tarjeta, en el mismo bus y en el mismo día, extraídos de las validaciones del perfil general.
Para ello, la institución realizó un estudio técnico de las validaciones de usos llamativos, correspondientes al año 2021 y 2022, y aplicó retenciones por más de G. 160 millones. De este valor, G. 24.407.072 corresponden al 2021 y G. 136.339.616, al año 2022.
La crisis se profundizó en el 2023
En este año se profundizó la crisis del transporte público a tal punto que en abril fue destituido del cargo el entonces viceministro de Transporte, Víctor Sánchez. En su lugar fue designado Óscar Stark, quien aseguró que iba a transparentar todo el sistema, en especial el pago del subsidio a las empresas, y recuperar la confianza de la ciudadanía.
Sin embargo, hasta el momento todo sigue igual -a excepción de algunos sumarios a los transportistas-, la ciudadanía vive un verdadero calvario, esperando horas y horas para viajar de manera casi inhumana. Las reguladas de los buses se volvieron una constante y esta práctica debe ser atendida con urgencia por el nuevo Gobierno, que entrará al poder el próximo 15 de agosto.
La pasada administración acumuló un retraso de tres meses en los desembolsos de subsidios, los empresarios amenazaron con paros e incluso algunos gremios exigieron que este mecanismo sea eliminado y la ciudadanía pague la totalidad del costo del pasaje.
Óscar Stark había explicado a la prensa que el retraso en los pagos se viene acumulando desde hace mucho tiempo y llegó a unos G. 30.000 millones, pero que se tenía previsto desembolsar desde este junio. Reconoció en su momento que existe una preocupación por el monto del subsidio que paga el Estado, que cada vez es mayor y no será sostenible en el tiempo.
Ley para cancelar el subsidio
Ante las constantes denuncias por parte de la ciudadanía sobre el pésimo servicio del transporte público, en abril pasado la entonces diputada Kattya González (ahora senadora) presentó el Proyecto de Declaración “Que insta al Poder Ejecutivo Ministerio de Hacienda – Ministerio de Obras Públicas (MOPC) – Viceministerio de Transporte a suspender el pago del subsidio a las empresas del transporte público” hasta tanto se transparente el uso de estos recursos.
En el documento, la legisladora aseguró que los subsidios que recibe el sector se han triplicado en los últimos años. “En la actualidad, el ciudadano padece la precariedad de este servicio que se puede ver en todas partes: buses convencionales en pésimo estado y buses supuestamente de servicio diferencial en cuestionables condiciones en cuanto a la provisión del servicio de aire acondicionado, sumado a que la seguridad del ciudadano se ve comprometida toda vez que buses en estado calamitoso se incendian por las calles”, expresó.
Además, en el proyecto se habla sobre el funcionamiento del Centro de Monitoreo del Billetaje Electrónico, “el cual, hasta la fecha, y pasados ya casi cuatro años de su millonaria adjudicación (USD 4.000.000), continúa no solo con fallas en su operatividad, sino también con incumplimientos dentro del contrato”, agregó la legisladora.
González fue contundente al afirmar que es inadmisible que el sector del transporte público sea beneficiado constantemente con ampliaciones presupuestarias dada la actual condición precaria y mendicante del transporte público.
Según datos del Viceministerio de Transporte, en el área metropolitana aproximadamente 690.000 personas utilizan diariamente el transporte público. En el mes de mayo de este año, se registraron más de 569.000 tarjetas con usos frecuentes.
¿Qué plantea el Viceministerio de Transporte para solucionar esta crisis?
Antes de que culminara el gobierno de Mario Abdo Benítez, la entidad presentó el informe sobre la situación en que se encuentra el transporte público en el área metropolitana, en el cual básicamente plantea la implementación de horarios escalonados como solución a esta problemática.
No obstante, reconoció que existe una necesidad de mayor inversión en infraestructura como carriles exclusivos y terminales de transferencia a fin de integrar e implementar otros modos, sumados a obras de telecomunicaciones y monitoreos que permitan implementar Sistemas inteligentes de Transporte que permitan optimizar la operación.
