Buenos Aires, 25 jul (EFE).- El Gobierno de Argentina ratificó este sábado su última oferta a los tenedores de bonos bajo ley extranjera, aunque «contribuirá a la elaboración de instrumentos contractuales que mejoren el éxito de las iniciativas de reestructuración», según un comunicado del Ministerio de Economía.
«Argentina desea contribuir y contribuirá a la elaboración de instrumentos contractuales que mejoren el éxito de las iniciativas de reestructuración de deuda soberana cuando los deudores tengan apoyo significativo de los acreedores», afirma el comunicado.
En ese sentido afirma que «los ajustes a los modelos de contrato elaborados por el International Capital Markets Association (ICMA), que fueron adoptados por Argentina en 2016, en la medida en que gocen de un apoyo generalizado, también serán apoyados por Argentina».
El texto destaca que la última propuesta para reestructurar bonos por 66.238 millones de dólares, que el Ejecutivo presentó el 6 de julio y que está valorada en 53,5 dólares por cada 100 dolares de deuda a canjear, es «la oferta definitiva de la República a sus acreedores y representa el máximo y último esfuerzo que el país puede sostener».
«Nuestro país alienta a la comunidad de acreedores a aceptarla, sabiendo que de no ser así toda negociación futura será más compleja porque más difícil será la situación que enfrente Argentina», agrega el comunicado.
Asimismo califica de «lamentable paso hacia atrás» la contraoferta que este lunes presentaron tres comités de acreedores, que aseguran tener un tercio de los títulos a reestructurar, que por primera vez se alinearon para presentar una oferta conjunta que fue valorada por analistas del mercado y firmas de inversión en unos 56,5 dólares en promedio.
«A pesar de este lamentable paso hacia atrás, Argentina ha examinado estas nuevas solicitudes en forma constructiva y de buena fe. Aquellos aspectos de la contrapropuesta que buscan imponer cargas adicionales a una economía que se está ahogando en plena crisis del COVID-19, (…), deben saber que sus reclamos no pueden ser acomodados», valora el texto.
El proceso que se inició el pasado abril, cuando Argentina formalizó una primera oferta valorada en 40 dólares, supuso varios intercambios de propuestas alternativas con los tres principales grupos de acreedores.
