El sector de la construcción mantiene sus reclamos por los pagos pendientes de obras ejecutadas, que alcanzan alrededor de USD 200 millones, sin considerar los más de USD 110 millones en intereses correspondientes a deudas del gobierno anterior. Los desembolsos mensuales del Estado continúan por debajo de las certificaciones presentadas, generando un desfase que se acumula y eleva la deuda de manera sostenida.
Ante esta situación, autoridades del Gobierno y representantes de los gremios evalúan mecanismos para garantizar el pago de los montos pendientes, asegurar la ejecución de las obras contratadas para 2026 sin generar atrasos y evitar que se repita una deuda flotante en 2027. También destacan la necesidad de proteger a las empresas frente a los costos financieros derivados de los retrasos.
Desde hace varios meses, el sector de la construcción viene reclamando el pago puntual por las obras ya ejecutadas. Según las empresas, los atrasos alcanzan actualmente unos USD 200 millones, sin incluir los más de USD 110 millones que corresponden a intereses de deudas del gobierno anterior, los cuales se habían abonado el capital, tras la emisión de bonos que se había realizado el año pasado.
De acuerdo con los datos proporcionados por las compañías, el Estado desembolsa alrededor de USD 40 millones mensuales, mientras que las certificaciones presentadas ascienden a unos USD 60 millones, generando un desfase que se acumula mes a mes y eleva la deuda total a cifras superiores a los USD 200 millones.
Para analizar la situación de los pagos atrasados y el presupuesto para las obras públicas del próximo año, la Comisión de Obras del Senado convocó al ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos; a la ministra de Obras, Claudia Centurión; y a los titulares de los principales gremios de la construcción.
Durante la reunión, se discutió la necesidad de encontrar una salida a esta coyuntura: cómo garantizar el cobro de los montos pendientes, ejecutar las obras ya contratadas para 2026 sin generar atrasos y evitar que se repita una deuda flotante de USD 200 a 300 millones en 2027. Durante la reunión se mencionó que el 47,4% de las obras están sin disponibilidad presupuestaria
Además, se analizó la implementación de mecanismos que permitan a las empresas recuperar los costos financieros derivados de posibles retrasos, tal como lo establecen los contratos y se considera justo.
Durante la reunión, el ministro Fernández Valdovinos fue enfático en señalar que el Gobierno mantendrá una política de reconocimiento de deudas legalmente verificadas, subrayando que “las deudas que han sido verificadas, que cumplen con todos los requerimientos legales, se pagan, no se discuten”.
Además, aseguró: “Nosotros vamos a reconocer todas las deudas que han sido legalmente obligadas, no está en nuestro interés empezar a negar deudas y vamos a tener un plan para cumplir con todos”. Según el titular del MEF, esta postura ya se evidenció en gestiones previas, cuando se emitieron bonos para saldar compromisos pendientes.
El secretario de Estado también se refirió a unos datos que había presentado este gremio al Senado en donde se señalaba que a pesar del crecimiento económico registrado por Paraguay, la inversión del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) mostró un descenso, y el 2025 podría registrar la ejecución más baja en la última década.
Al respecto, el ministro advirtió que no se puede tomar como referencia años atípicos: “El 2020 tomar como año de referencia me parece de que nos hace olvidar lo que fueron esos años. Fueron años de pandemia, en los cuales el Estado tuvo que emitir no USD 1.600 millones, USD 1.600 de una vez, pero el total de endeudamiento de ese año fue de USD 2.200 millones”, recordó.
“Entonces no seríamos sensatos si tomamos como punto de partida llegar a una ejecución presupuestaria en el nivel de obras públicas. Tenemos que tener mucho cuidado de tomar como referencia un determinado año”.
En ese sentido, Fernández Valdovinos aseguró que los recursos asignados para inversión pública son consistentes con niveles financieramente sostenibles para el Gobierno Central, y que se busca evitar que “se estén realizando obras por encima de lo que es financieramente posible, conseguir los recursos, y por tanto, se empiecen a acumular atrasos”.
Aclaró que al analizar el impacto de la inversión, no solo se considera el presupuesto del MOPC, sino el de todo el Estado: “Cuando nosotros como MEF estamos hablando de inversión pública estamos hablando de inversión total pública, no nos referimos al presupuesto del MOPC. Por fuera del MOPC existen un montón de obras públicas que también se van ejecutando y que también merecen tener su presupuesto”.
El financiamiento de la inversión pública, según el ministro, se complementa con recursos de Itaipú y financiamiento privado, y no se limita únicamente al presupuesto del MOPC: “Nosotros conscientemente vimos de que el MOPC iba a tener un menor presupuesto porque el Gobierno estratégicamente ha decidido asignar mayor recursos a otro tipo de inversión pública que no sea del MOPC”, aseguró.
Fernández Valdovinos justificó la moderación en el ritmo de inversión en obras públicas para mantener la sostenibilidad fiscal: “Si nosotros hubiésemos mantenido ese nivel de inversión que implicaba USD 2.200 millones, básicamente iba a implicar que la deuda se disparaba. El punto de tomar como referencia el 2020 o el 2021 iba a implicar deudas, que algo que a mucha gente le preocupa, a mi no, que esté en alrededor del 42% del PIB, probablemente la deuda se iba a disparar más hacia 50% y iba a implicar mayor déficit fiscal en todos estos años”.
En cuanto a la deuda con las empresas constructoras, el ministro detalló que, según los datos del MOPC, el monto total asciende a USD 330 millones, de los cuales USD 220 millones están certificados y USD 110 millones corresponden a intereses.
Además, señaló que “el sistema financiero vuelve a solicitar garantías personales a socios de empresas constructoras” ante los retrasos y el incremento en el costo de financiamiento. La programación de pagos para los próximos meses priorizará la cancelación de estos compromisos, siguiendo un plan de caja que contempla desde noviembre 2025 hasta marzo 2026 un total de USD 225 millones.
Finalmente, Fernández Valdovinos se refirió a la revisión de las tasas de interés aplicadas por mora, considerando que algunas alcanzaban hasta el 25% anual, lo cual “no es consistente con la situación de Paraguay siendo grado de inversión y colocando a 15 años a 9,1%”.
Por ello, indicó que se ajustó la resolución para establecer un máximo de 6% a dos años como tasa de mora, buscando equilibrar los pagos y garantizar la sostenibilidad financiera del Estado. En este contexto, recordó que “solo el 15% del empleo del sector de la construcción está formalizado”, lo que implica desafíos adicionales en la gestión de pagos y obligaciones contractuales.
PRESUPUESTO DEL MOPC
La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, explicó que el presupuesto asignado al MOPC para este año es de USD 944 millones, de los cuales ya se ejecutó el 55%, aunque señaló que siempre existe una deuda flotante de acuerdo al plan de caja mensual que asigna el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
En lo que respecta al nivel 500, destinado a inversión, la ministra indicó que el MOPC cuenta con USD 678 millones, con un 48% ejecutado y un compromiso del 57%, que se irá cumpliendo a medida que haya disponibilidad financiera.
Además, detalló que se encuentran en gestión USD 130 millones, de los cuales USD 92 millones corresponden a 2025 y USD 38 millones a ejercicios anteriores. Por su parte, el total imputado acumulado alcanza USD 39,3 millones, mientras que el total obligado acumulado es de USD 561,8 millones, con un nivel de ejecución operativa del 70%, ejecución presupuestaria del 57% y una diferencia del 13%.
Por otra parte, Centurión advirtió que la proyección de necesidades para obras de ejecución en 2026 asciende a USD 670 millones, lo que supera los recursos asignados por el nivel 500, “con lo cual estamos por encima de lo que el nivel 500 nos otorga en el presupuesto 2026. Nuestra proyección va por encima de lo que hoy ya tenemos en el 2026”.
INTERESES
En relación a los intereses, la ministra fue contundente al afirmar que las tasas solicitadas por los contratistas se encuentran estipuladas en los contratos de obras públicas y derivan de la normativa vigente de la ley anterior de contrataciones públicas, señalando que estas condiciones forman parte del marco legal que regula los compromisos financieros del MOPC.
Por su lado, Paul Sarubbi, presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), se refirió a la situación de la deuda del sector con el gobierno, estimando que “la deuda ronda los USD 200 millones, se pagó una parte, USD 40 millones más o menos”. Explicó que, en promedio, “se están ejecutando entre USD 50 – 60 millones por mes, y si a eso le sumamos estos USD 150 millones que van a entrar en diciembre, de vuelta volvemos a los USD 200 millones”.
Sarubbi destacó que la preocupación principal radica en el desfase mensual entre pagos y certificados presentados: “El tema acá y la preocupación que nosotros tenemos es que los pagos por mes rondan los USD 45 millones por mes y los certificados que nosotros presentamos siempre queda un saldo acumulado entre USD 15 millones por mes”.
A su turno, Diego Lamar, vicepresidente de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco), denunció la crítica situación de las empresas medianas y pequeñas afectadas por atrasos en los pagos del Estado.
“Quiero hablar en nombre de las empresas medianas y pequeñas, ya no damos más, son 4 años de atraso de pagos, en el 2021 nos equipamos, nos preparamos, cumplimos con obras que hoy están terminadas, tienen recepción definitiva y aún nos deben los intereses, ahí está todo el calce financiero de las empresas”.
Lamar explicó que el grueso de los intereses pendientes se pagó parcialmente en 2024, pero que aún queda un saldo significativo: “Unas características de los intereses, el grueso se pagó en febrero – marzo del año pasado, las facturas son USD 110 millones, están en los contratos. Desde el 2003 se han pagado en todos los gobiernos los intereses, esto está contemplado en un contrato que no ponemos nosotros. Se termina el cómputo de pagar, y ahí recién facturamos los intereses”.
El dirigente advirtió sobre los riesgos que estos retrasos representan para la ejecución de nuevas obras: “Hasta que no se paguen los intereses, las empresas van a estar rengas, se van a poner en riesgo las obras que saques”. Además, subrayó el impacto sobre la imagen del país: “Acá está en juego la coherencia de un gobierno”. Por último, precisó que el interés promedio de los USD 110 millones adeudados asciende a 15,5%.
