Días atrás, la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) denunciaba que 17 municipios y una gobernación aparentemente venían declarando compras con alrededor de 1.600 facturas de contenido falso o clonados, en un esquema de magaevasión que rodea la suma de G. 170.000 millones.
Este caso sale a la luz en momentos en que nuestro país sigue siendo evaluado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en cuanto a la capacidad de prevenir el lavado de activo, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Atendiendo a que la evasión tributaria es ya considerada delito precedente de lavado de dinero en Paraguay, conversamos con Carlos Arregui, ministro de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), sobre este caso de facturas falsas y su impacto en la imagen país.
Sostuvo, al respecto, que se debe dar con las cabezas de estos esquemas de fraude, a fin de que sean sancionadas aquellas personas que estuvieron planificando los hechos delictivos, y no descartó que esto vaya a incluir a intendentes municipales.
Explicó también el trabajo que todavía queda por delante en el marco de la evaluación del Gafilat y el rol de la labor anti-lavado en el proceso de recuperación económica.
– En momentos en que seguimos bajo la evaluación de Gafilat, surgen hechos preocupantes como la denuncia de la SET sobre el presunto uso de facturas falsas en 17 municipios y una gobernación ¿Cómo afecta este tipo de hechos a la imagen del país?
Nos consta de haber participado, con nuestra propia visita in situ y de colegas que han estado evaluando a otros países de la región, que obviamente se ve con mucha inquietud, pero también se valora mucho la reacción de las instituciones. En este caso específico que mencionás, estamos trabajando en una sintonía muy fluida con la Subsecretaría de Tributación y ha habido alertas que inclusive se han puesto ya a disposición de las autoridades respectivas en relación a esta modalidad que se ha hecho pública y que de alguna manera afecta a numerosos municipios.
– ¿Hay elementos para pensar que se estuvo incurriendo en lavado de dinero, en estos casos?
Primariamente sí, obviamente que eso tiene que ser profundizado, pero en principio te diría que sí. Se ha trabajado desde muy temprano con las alertas, que han funcionado por parte de los sujetos obligados.
– Yendo un poco a su experiencia como fiscal, ¿quiénes serían las personas sancionadas, de comprobarse este esquema de fraude?
Habría grados de participación muy importantes, lo ideal sería que se pudiera llegar a la gente que de alguna forma estuvo planificando esto, porque se nota que es algo planificado. Por eso digo que hasta ahora hay diferentes grados de participación, yo hasta ahora no he visto que se pudiera llegar a esas cabezas, que son las que estuvieron cubriendo toda esta planificación, pero lo ideal sería que se les pueda sancionar a ellos.
– ¿Se podría llegar a sancionar a los intendentes, a autoridades de cargos político-electivos?
Cada caso amerita una situación muy particular, porque he escuchado relatos bastante razonables en lo que plantean y otros, no. Cada caso particular tiene que tener sus propios elementos, pero no se descarta que puedan ser sancionados algunos intendentes, objetivamente hablando.
– ¿Qué deja esta experiencia, como lección aprendida, para próximas situaciones que puedan surgir?
Hay que replantearse el tema de las facturas. Hablando con el subsecretario de Tributación (Oscar Orué), él me decía que es muy importante el tema de las facturas electrónicas ahora, eso de alguna manera creo que va a atenuar también el riesgo de que esto vuelva a producirse. Esto es histórico, no solamente en cuanto al volumen de las transacciones que se develaron, sino también en el sentido de que desde hace muchísimos años se tiene como una modalidad el tema de las facturas falsas, en las compras de facturas y la utilización posteriormente para defraudar al Estado; exige un replanteo, una nueva manera de encarar el tema de la emisión de las facturas, la tecnología es fundamental en ese sentido y la gente de la SET está trabajando como para poder hacer un replanteo en ese aspecto.
– Vimos también el caso de personas cuyos nombres aparentemente fueron utilizados para defraudar al Estado. En cuanto al comportamiento de la ciudadanía, ¿cómo se puede operar para colaborar en el combate a estos hechos delictivos?
Se aprovechan de la situación de precariedad muy difícil por la que atraviesan muchos compatriotas, una gran mayoría diría yo. Por eso es muy importante la comunicación, poder capacitar; también me consta que la SET tiene esos módulos y está haciendo un trabajo muy importante en cuanto a la concienciación para todas las personas, hay oficinas de denuncias, constantemente se vuelven a actualizar ciertos reglamentos y ellos están poniéndose en campaña para poder hacer ver a la gente las nuevas modalidades, pero no es una tarea sencilla. Se tiene ese aspecto social del cual se aprovecha mucha gente inescrupulosa, porque saben que mucha gente no tiene ni siquiera acceso a una computadora con internet para poder revisar o verificar su Registro Único del Contribuyente, por ejemplo; está muy vinculado a la situación socioeconómica que se vive, por eso es un esfuerzo doble que están haciendo algunas instituciones, como para poder advertir de esto sobre todo al segmento de la población más vulnerable.
– Gafilat entregó el primer informe preliminar de lo que serían los resultados de la evaluación que están realizando al Paraguay ¿Qué sensación deja el tono de este documento y qué trabajos se vienen a partir de este pronunciamiento de los evaluadores?
Vamos a trabajar en el descargo, tenemos hasta el 26 de noviembre para hacerlo, con todas las instituciones que están vinculadas en el sistema anti-lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. La metodología es similar a la de una auditoría, donde siempre hay hallazgos, y esto es una constante en todos los países que fueron evaluados en esta cuarta ronda. Hay debilidades, pero también hay fortalezas que son resaltadas en el informe, lo cual nos da una idea de que realmente se ha hecho un trabajo técnico muy importante por parte de los evaluadores también, han tenido mucho tiempo para eso y está plasmado en este primer informe. Creemos que tenemos descargos muy importantes que van a poder rever algunos puntos de los que había señalado como debilidades, forma parte clave en esto la tarea de la Fiscalía y el Poder Judicial.
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– ¿Cuáles serían estas debilidades?
No puedo adelantar porque me estoy exponiendo a sanciones que no serían justas ni recomendables en este momento de la evaluación. Podemos hablar con mayor propiedad a partir de la tercera versión, que sería después de la visita cara a cara que tenemos que hacer a los evaluadores y a la Secretaría Ejecutiva en el mes de febrero; a partir de ahí sí podríamos ya hablar de un documento consolidado, con las debilidades y las fortalezas que se resaltan en él.
– Estamos viviendo un momento de recuperación, luego del golpe que significó la pandemia. ¿Qué desafíos representa para la prevención del lavado de activos este mayor dinamismo económico que está adquiriendo nuestro país y qué medidas se están llevando adelante?
Hay una serie de nuevas reglamentaciones, hay nuevos sujetos obligados (a reportar operaciones sospechosas), la Seprelad está trabajando intensamente sobre todo en una fase de capacitación de los nuevos sujetos obligados, para tratar de motivar nuevamente el dinamismo de la economía y no hablamos precisamente de sancionar, pero sí de capacitación, de que puedan internalizar los nuevos preceptos que están en las reglamentaciones y que son acordes a los estándares internacionales que hoy nos exigen los organismos intergubernamentales como el Gafi (Grupo de Acción Financiera Internacional), el Gafilat y otros. Posteriormente se va a entrar a una etapa de verificación de la adecuación de los nuevos sujetos obligados a estas nuevas reglamentaciones.
– Entre estos nuevos sujetos obligados, ¿con quiénes se está trabajando más?
Por ejemplo, en el caso de las organizaciones sin fines de lucro hubo actualizaciones muy importantes, son numerosas las organizaciones sin fines de lucro, de diferentes tipos y de diferentes fines, con diferentes conformaciones, se está trabajando con ellos. También se está trabajando con los proveedores de servicios de activos virtuales, tenemos que volver a hablar con los abogados y con los contadores.
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Primer borrador del Informe de evaluación del Gafilat
Paraguay recibió el viernes pasado el primer borrador del Informe de Evaluación Mutua (IEM) y el resumen ejecutivo, remitido por parte del equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
El documento cuenta con 472 páginas y el país tiene como plazo hasta el 26 de noviembre próximo para realizar el descargo pertinente de las observaciones que contiene el documento, todo esto conforme al cronograma planteado desde la Secretaría Ejecutiva del organismo intergubernamental. El mismo es de carácter reservado en virtud a la metodología que exigen los evaluadores, hasta tanto culmine el proceso de evaluación.
El IEM deberá ser estudiado, analizado y discutido por los representantes del Sistema ALA/CFT, de modo a congeniar todos los argumentos que presentará el país como descargo de las observaciones de los evaluadores.
Siguiendo con el cronograma, el Paraguay, los evaluadores y la Secretaría Ejecutiva del Gafilat podrán mantener una reunión cara a cara, con el propósito de discutir cambios potenciales y asuntos que han quedado sin resolver durante la visita in situ -realizada del 23 de agosto al 3 de septiembre pasados-, sobre los aspectos de cumplimiento técnico o de efectividad.
Finalmente, durante el debate en el Pleno del GAFILAT (julio de 2022), se llevará a cabo la presentación, defensa, aprobación y publicación del IEM de Paraguay.
Perfil
Nombre: Carlos Adolfo Arregui Romero
Formación profesional: Abogado, máster en Metodología del Derecho y Técnica Jurídica
Trayectoria: Fue fiscal adjunto de Delitos Económicos y Anticorrupción, asesor de la Defensoría Pública y Concejal Municipal de Asunción. En el gobierno de Mario Abdo Benítez, fue ministro asesor en el área de Transparencia e Integridad y ejerce el cargo de ministro secretario de Seprelad desde agosto del 2019
