Y otra vez, la inseguridad. Uno de los elementos que más nos restan competitividad vuelve a aparecer
como una amenaza a la tan ansiada recuperación económica que ya debe llegar después de los últimos
dos años de dificultades que soportamos como nación.
Días después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) anunciara una importante mejora en la
proyección de crecimiento de sectores como la producción ganadera, para este año, la zona norte de la
Región Oriental volvía a ser noticia debido al ataque de grupos criminales, esta vez contra agentes de la
Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) que se cobró la vida de tres efectivos.
De esta manera, la inseguridad física de ya larga data que viene sufriendo la población rural desalienta
los ánimos, en un momento clave para la toma de decisiones que fueron pospuestas de manera
generalizada debido a la fuerte incertidumbre que impuso la pandemia de COVID-19 durante gran parte
del 2020
El sector productivo nuevamente elevó la voz de alarma, al recordar que frecuentemente son también
víctimas de robos e invasiones, una situación de continuo malestar que lleva a tener que gastar en
dispositivos de seguridad un dinero que podía destinarse a inversiones tan necesarias para avanzar en
productividad. Todo ello, sin mencionar a la desconfianza que se genera al interior de las mismas
comunidades y el deterioro de las relaciones interpersonales, de suma importancia para cualquier
proceso de desarrollo.
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Como si estos elementos de inseguridad física no fueran lo suficientemente graves, en la última semana
se instaló el nerviosismo alrededor del reclamo de los camioneros por el pago de un mayor precio del
flete.
Además del impacto semiótico que generó la llegada de camiones de gran porte hasta la Costanera de
Asunción -con el mensaje de que las autoridades difícilmente prestan atención a las desavenencias
sociales si no se acude a alguna medida de fuerza-, la discusión se elevó al plano institucional y hasta de
consideración de los mandatos constitucionales.
La propuesta de ley de fletes, ya aprobada en general por la Cámara de Senadores, incluye factores
como la regulación de precios para una actividad determinada, que según sus detractores puede atentar
contra el concepto básico de libre mercado que rige en nuestro país.
La mesa de trabajo instaurada para tratar este tema abordará el planteamiento de establecer un nivel
mínimo de precios que se deba pagar a los transportistas, a través de una comisión técnica que calculará
aspectos como cotización del dólar, salario mínimo y costos operativos relacionados con toneladas y
kilómetros transportados, entre otros.
Se trata de un proceso poco frecuente en nuestra economía, de elaboración de una normativa legal
que sentará un precedente para posteriores reclamos que puedan venir de otros sectores, al disponer el
grado de intervención que podrá tener el Estado en asuntos de mercado también expuestos al abuso
por parte de grupos que ostentan un mayor poder principalmente económico.
La recuperación de la confianza para lograr una recuperación económica plena post-pandemia
dependerá en gran medida de la manera en que el Gobierno resuelva estos problemas. Para el efecto,
son necesarios un despliegue más efectivo para acabar de una vez por todas con la inseguridad en el
norte, y la llegada a un acuerdo con la ley de fletes que resguarde los intereses de todo un pueblo que
depende de este servicio para garantizar el acceso a los productos más básicos.
