La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, presidida por la diputada Cristina Villalba, convocó a una reunión extraordinaria para el próximo lunes 10 de noviembre, a las 15:00, con el objetivo de dictaminar el proyecto de ley “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2026”.
El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), asciende a USD 18.900 millones (equivalentes a G. 149,2 billones), lo que representa un incremento del 12% respecto al presupuesto aprobado para 2025, cerca de USD 2.000 millones adicionales.
La propuesta contempla un aumento aproximado de USD 760 millones destinados a áreas como salud, educación, seguridad y sectores vulnerables, priorizando políticas públicas que impacten directamente en la población. Además, el proyecto establece el retorno al límite del 1,5% de déficit fiscal para 2026, conforme a la Ley de Responsabilidad Fiscal.
La Comisión Bicameral de Presupuesto, presidida por el senador Silvio Ovelar, remitió la iniciativa a la Cámara de Diputados con un dictamen que incorpora un aumento de G. 170.000 millones (unos 22 millones de dólares) respecto al proyecto original del MEF.
Los incrementos se distribuyen entre diversas instituciones, destacando: Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, universidades públicas del interior, Universidad Nacional de Asunción (UNA) y ANEAES.
PLAZOS ESTABLECIDOS PARA EL ANÁLISIS DEL PGN
Respecto a los plazos de estudio, el artículo 216 de la Constitución Nacional establece que ambas cámaras deben analizar el presupuesto en sesiones plenarias y despacharlo en un plazo máximo de 15 días.
Si el Senado aprueba las modificaciones introducidas por Diputados, el proyecto quedará sancionado. En caso contrario, volverá con objeciones a la otra cámara, que deberá pronunciarse en un plazo de 10 días sobre los puntos discrepantes. La falta de despacho en los plazos establecidos se entenderá como aprobación automática.
Finalmente, la normativa señala que las cámaras solo podrán rechazar totalmente el proyecto presentado por el Ejecutivo mediante mayoría absoluta de dos tercios en cada una, garantizando así la estabilidad y continuidad del proceso presupuestario.
