Como cada año, en junio las autoridades de nuestro país deberán revisar un posible ajuste del salario mínimo para ajustarlo según la inflación acumulada en los últimos doce meses.
De hecho, la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, anunció que ya comenzaron las primeras conversaciones con el sector privado y los sindicatos, en el marco del comité de revisión.
Cabe recordar que este ajuste fue suspendido el año pasado, ya que debía darse en momentos en que el país atravesaba por la etapa más dura de la cuarentena y las restricciones sanitarias para mitigar el impacto del COVID-19, que derivaron en una situación económica de recesión. A su vez, el bajo nivel de inflación -que es la referencia para los ajustes según la ley- marcaba un ínfimo ajuste potencial.
Actualmente el salario mínimo legal vigente en nuestro país es de G. 2.192.839, unos USD 430 al cambio del día, y la inflación interanual es del 2,5%, según datos del Banco Central del Paraguay (BCP). Si el ajuste se realiza ahora, sería de poco más de G. 54.000, con lo que el mínimo de pagos a empleados quedaría en G. 2.247.000, aproximadamente.
Al ser consultado sobre este asunto y si se podría considerar una nueva suspensión del ajuste en el salario mínimo, el economista jefe del BCP, Miguel Mora, reconoció que por una cuestión de “justicia” se debería conversar entre las partes afectadas para llevar adelante la corrección en el salario mínimo.
Consideró como elementos a tener en cuenta el hecho de que los trabajadores ya renunciaron el año pasado al ajuste que correspondía según la ley, y que además las perspectivas económicas para el año son positivas.
Aunque claramente hay sectores que no han podido despegar todavía, como el caso de los restaurantes o eventos, reconoció que en contrapartida hay otros que sí podrán hacer frente a esta suba.
“Venimos de un mal año 2020, pero también las perspectivas para este año son buenas. Son cuestiones que hay que sopesar, el año pasado ya los trabajadores habían hecho el esfuerzo de la renuncia al ajuste y (con este) ya serían dos años. Me parece que hay una cuestión de justicia también ahí”, manifestó.
Dijo que lógicamente hay cuestiones económicas detrás de estos temas, siempre por el mayor costo que implican para las empresas y algunas de ellas lo transferirán a sus precios. Sin embargo, consideró que otras tal vez no lo hagan, teniendo en cuenta la situación económica que está lejos de ser óptima, por lo que el criterio que primará será el legal (del ajuste por inflación).
Consideró que no habría riesgo inflacionario por el solo hecho de un ajuste en el salario mínimo y de hecho hay sectores que están en expansión, como la construcción y algunos servicios como la intermediación financiera, e incluso algunos sectores manufactureros.
“Hay sectores que lo van a poder absorber, y hay otros que no. Evidentemente desde el año anterior que esto se posterga y el punto de vista de los hogares y el bienestar de los trabajadores se debería tener en cuenta, y es algo que el comité de salarios mínimo va a evaluar”, expresó.
Inflación
Con respecto a la inflación para los próximos meses, refirió que el BCP mantiene su proyección del 3,8% para cerrar el año, por fluctuaciones de precios en los bienes importados y también en los alimentos. Sin embargo, dijo que esto tendría efecto para el ajuste del salario mínimo en el 2022.
