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23 de abril de 2024

Ecuador suspende la minería en la zona amazónica afectada por la extracción ilegal

Quito, 14 feb (EFE).- El Gobierno de Ecuador anunció este lunes que suspendió de manera temporal los derechos mineros en una zona de la Amazonía del país, afectada por una severa contaminación causada por la extracción ilegal de minerales.

El ministro de Energía, Juan Carlos Bermeo, durante una comparecencia a la Asamblea Nacional (Parlamento), anunció que se suspenderán todos los derechos mineros vigentes en la región de Yutzupino, cerca de la ciudad de Tena, la capital de la provincia amazónica de Napo.

La medida busca proteger el ambiente y a las poblaciones de la zona, remarcó Bermeo en declaraciones reproducidas por su despacho en un comunicado.

«Hemos tomado una decisión radical de suspender temporalmente las actividades mineras, hasta que se subsanen todas las afectaciones registradas, producto de la extracción ilícita de minerales», enfatizó el ministro.

Señaló que el Ministerio emitirá una resolución para hacer efectiva la medida, con base en los informes técnicos de organismos especializados como la Agencia de Regulación y Control de la Energía y Recursos Naturales y el Ministerio de Ambiente.

A partir de que se emita la resolución, no se podrá realizar «ningún tipo de actividad minera en la zona», recalcó Bermeo, tras señalar que el Ejecutivo está dispuesto a impedir que surja la minería ilegal contaminante, como ha ocurrido en otros sectores del país.

Más de un millar de efectivos militares y de la Policía ejecutaron el pasado sábado una operación contra emplazamientos de minería ilegal en el área de Yutzupino, donde se localizó maquinaria y personas que se opusieron al ingreso de las fuerzas del orden.

Dicha operación se dio luego de que colectivos ambientalistas advirtieran de una severa contaminación y de supuestas violaciones de derechos que se registraban en esa zona.

La organización Acción Ecológica había advertido de una «devastación en Yutzupino», donde calculaba la presencia de más de 3.000 personas relacionadas con la minería ilegal.

Asimismo, el grupo ambientalista había denunciado de la existencia en la zona de casos de «violencia intrafamiliar, muertes sin esclarecer, alcoholismo, explotación sexual a niñas», entre otros delitos.