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4 de octubre de 2024

El Gobierno argentino pide datos de ventas y precios a 1.000 grandes empresas

Buenos Aires, 17 mar (EFE).- El Gobierno argentino creó este miércoles un sistema informativo para que unas mil grandes empresas informen mensualmente los precios vigentes y cantidades vendidas de todos sus bienes finales e intermedios, para luchar contra la inflación y evitar desabastecimientos.

Mediante la resolución 237 del Ministerio de Desarrollo Productivo y la Secretaría de Comercio Interior, se creó bajo esa órbita el Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (SIPRE).

Establece que todas las grandes empresas de los sectores de comercio y de la industria «deberán informar mensualmente en el ‘SIPRE’ los precios vigentes y cantidades vendidas de todos sus bienes finales o intermedios», hasta tanto se mantenga la vigencia de la ley de emergencia económica que se aprobó en diciembre de 2019, al comienzo de la administración de Alberto Fernández.

Los primeros días de cada mes las empresas deberán informar los datos de la empresa, la denominación del producto, el precio unitario, las cantidades producidas y vendidas, la denuncia en caso de escasez, desabastecimiento o falta de entrega de insumos o servicios necesarios para su producción.

El inicio de la medida, en los primeros días de abril, incluye la información de los precios, cantidades vendidas y producidas así como el stock de todos sus productos durante enero y febrero de 2021.

La norma indica que la información mantendrá «carácter reservado y confidencial».

El incumplimiento de la medida implica las sanciones previstas en la llamada ley de Abastecimiento.

La medida sobre las empresas se conoce en medio de las reuniones sectoriales que lleva adelante el Gobierno con las cámaras empresarias por los niveles de precios, actualización de salarios y abastecimiento de productos en un contexto de aceleración de la inflación.

El objetivo es «disponer de un sistema de alertas tempranas ante los faltantes de mercadería» porque busca «evitar desequilibrios en la cadena de comercialización entre los distintos eslabones que la componen y prevenir faltantes de productos e incrementos injustificados de precios», según un comunicado de Producción.

El Gobierno mantiene un sistema de «precios máximos» en productos de primera necesidad, sobre los que ha autorizado aumentos por debajo de la inflación y que ha generado la queja de los productores de alimentos y bebidas por haber quedado por debajo de los aumentos de costos.

Hace un mes el Gobierno abrió expedientes a once grandes empresas de consumo masivo por la retención de volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos para su comercialización.

Y la semana pasada lo hizo con 20 empresas del sector de materiales para la construcción, por no brindar la información para verificar el abastecimiento de insumos sensibles para la actividad.

Para el Gobierno argentino, la inflación -que en febrero fue 40,7 % interanual- es «un problema multicausal» y busca alinear las expectativas de inflación en torno al 29% anual. Los privados relevados por el Banco Central prevén un alza de precios del 48,1 %.

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