San José, 13 oct (EFE).- El Gobierno de Costa Rica continúa este martes con su intento de realizar un proceso de diálogo que genere soluciones a los problemas económicos del país, mientras que no existen acercamientos con el grupo que desde el 30 de septiembre organiza protestas contra las políticas económicas y en las que ha habido una escalada de la violencia.
Tras el enfrentamiento del lunes entre manifestantes y la Fuerza Pública en las afueras de la Casa Presidencial, que se saldó con 11 policías heridos y 28 personas detenidas, este martes ha transcurrido con calma, aunque permanecen 7 bloqueos en puntos estratégicos de carreteras en el sur del país, incluida la frontera con Panamá.
El presidente costarricense, Carlos Alvarado, emitió un mensaje en sus redes sociales la noche del lunes en el que condenó el «ataque brutal y homicida» contra los policías que custodiaban la Casa Presidencial y advirtió que a los «responsables y los instigadores» les caerá «todo el peso de la ley».
La tensión continuó hoy cuando el dirigente del llamado Movimiento Rescate Nacional, Célimo Guido, responsabilizó de los actos violentos al ministro de Seguridad, Michael Soto, y a Alvarado, al afirmar que policías infiltrados causaron el enfrentamiento del lunes, por lo que exigió la renuncia de Soto.
El ministro reconoció que en la manifestación del lunes había policías antidrogas vestidos de civil con la misión de identificar a posibles delincuentes.
Según Soto, uno de estos policías colaboró con la identificación y detención de un hombre que agredió en la cabeza con un palo a un oficial.
UN PROCESO DE DIÁLOGO QUE BUSCA AVANZAR
Alvarado y el presidente del Congreso, Eduardo Cruickshank, anunciaron en conjunto la noche del pasado domingo, la conformación de una mesa de diálogo con 29 representantes de diversos sectores, que se reunirá por cuatro semanas a partir del próximo sábado.
La conformación de la mesa aún continúa y algunos actores políticos de oposición y sindicales han expresado que no participarán debido a que desconfían del proceso y de sus participantes.
El Movimiento Rescate Nacional, que dice representar a 15 sectores del país, no ha sido llamado a esta mesa.
Guido dijo este martes que el Gobierno debe ordenar a la Policía no intervenir más en las protestas y que el presidente debe sentarse a negociar bilateralmente con el movimiento ante de abrir una mesa multisectorial.
El sociólogo de la estatal Universidad Nacional Abelardo Morales dijo a Efe que en la sociedad costarricense existe una «profunda desconfianza» en el Gobierno, partidos políticos, sindicatos y otras instituciones, la cual se ha venido consolidando a lo largo de los años debido al crecimiento de la desigualdad, lo que dificulta cualquier diálogo.
«La sociedad está fracturada estructuralmente, es una torre de Babel social en la que cada quien habla su propio lenguaje, no hay diálogo ni comunicación. Hay una profunda desconfianza en instituciones que antes eran muy confiables», declaró.
Morales explicó que la sociedad de Costa Rica ha perdido formas de comunicación y confianza, ante lo que impera la necesidad de una voluntad política y una disposición sincera a escuchar a todos los sectores.
«Para reconstruir la confianza y el diálogo no hay otra manera que no sea a través del mismo diálogo. Pero ese diálogo no puede ser un mero acto ceremonial, no puede ser un simple conversatorio», dijo el sociólogo.
Para Morales, las protestas no se pueden encasillar en un rechazo a un posible acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pues considera que hay múltiples reclamos, especialmente de zonas rurales que han estado «olvidadas» por mucho tiempo.
LAS PROTESTAS SEGUIRÁN
Según el Movimiento Recate Nacional, las protestas seguirán hasta que el Gobierno acoja sus condiciones para un diálogo.
Entre esas condiciones está que el presidente Alvarado se comprometa por escrito a no acudir al FMI en los 19 meses que restan de su mandato, no vender activos estatales y no subir impuestos.
Las protestas comenzaron el 30 de septiembre en rechazo a la intención del Gobierno de negociar un acuerdo con el FMI por 1.750 millones de dólares, que incluía una subida de impuestos y la venta del Banco Internacional de Costa Rica y la Fábrica Nacional de Licores.
El 4 de octubre, Alvarado retiró de la discusión la propuesta, ya que no contaba con el apoyo político necesario y anunció la apertura de un proceso de diálogo multisectorial, pero las protestas han permanecido, aunque debilitadas desde el jueves pasado tras la salida de su hasta entonces principal dirigente, el excandidato presidencial y exdiputado José Miguel Corrales.
Corrales pidió el jueves el levantamiento de los bloqueos al denunciar la infiltración de grupos delictivos en las protestas.
