Tras un largo debate, la Cámara de Senadores aprobó ayer -en general y con modificaciones- el proyecto de Consolidación Económica y Contención Social presentado por el Poder Ejecutivo para establecer varias medidas destinadas a los sectores que siguen afectados por la pandemia del COVID-19.
Los legisladores convocaron a una sesión extraordinaria para el próximo martes, a fin de estudiar en particular la iniciativa -es decir, artículo por artículo- y de esa manera introducir los cambios que plantean.
Al inicio, el pleno se tuvo que convertir en comisión para poder dictaminar respecto al documento, ya que las diferentes mesas legislativas no habían estudiado el proyecto. Durante la discusión, varios senadores ya adelantaban sus posiciones respecto a introducir modificaciones.
La iniciativa elaborada por el Ministerio de Hacienda fue duramente cuestionada por los parlamentarios, especialmente de la oposición, y algunos pertenecientes al partido político del presidente de la República, Mario Abdo Benítez.
El punto más cuestionado por casi la mayoría fue el hecho de que en el proyecto no se haya detallado qué y cómo se utilizarán los USD 262 millones previstos para salud y programas sociales.
Así también, criticaron que no se indiquen las reasignaciones que se realizarán para fondear parte del proyecto ni el nuevo empréstito de USD 25 millones para el Fondo de Garantías del Paraguay (Fogapy).
Otro punto criticado fue el monto que se prevé destinar al Instituto de Previsión Social (IPS), que según la iniciativa será de USD 45 millones. En este punto, algunos plantearon que sea solo USD 20 millones y lo restante sea direccionado al Fogapy, para de esa manera dejar de lado el pedido de nueva deuda.
Es importante mencionar que el pleno de la Cámara Alta intentó analizar en particular el proyecto, planteando ya algunos cambios y detallando un informe que el Ministerio de Hacienda remitió sobre el destino de los fondos. Sin embargo, el documento no llegó a la totalidad de los senadores, por lo que finalmente optaron por postergar el estudio en particular para el próximo martes.
En esta línea, antes de solicitar la prórroga del análisis, el senador Juan Dario Monges leyó los detalles del documento remitido por el Fisco, en donde desagrega los USD 262 millones que serán destinados a Salud.
El legislador mencionó que USD 112 millones serán para el cumplimiento de los pagos de programas de pensiones a adultos mayores; USD 75 millones para transferencias a jubilados y pensiones del sector público; USD 71 millones para cubrir gastos no rígidos del Ministerio de Salud, que no incluyen salarios; y USD 4 millones a la compra de medicamentos e insumos.
Iniciativa
El Proyecto de Consolidación Económica y Contención Social prevé un monto total de USD 365 millones, de los cuales USD 250 millones corresponden a un aporte del Fondo Monetario Internacional (FMI), USD 90 millones provendrán de una reasignación del Presupuesto General de la Nación (PGN) y USD 25 millones, de deuda que se destinará al Fondo de Garantías del Paraguay (Fogapy).
La cartera fiscal había socializado parte de cómo se utilizarían estos recursos y había indicado que USD 45 millones serán destinados al Instituto de Previsión Social (IPS), para que los trabajadores suspendidos puedan continuar recibiendo el subsidio.
También, USD 25 millones se destinarán al Fogapy, con el fin de que el fondo pueda seguir otorgando garantías a créditos para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y todos los sectores que requieran.
De igual forma, USD 8 millones serán para el subsidio del 50% de los servicios básicos dirigido a los sectores de gastronomía, eventos, turismo, hoteles y servicios.
El proyecto también prevé destinar USD 3 millones a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), que se podría traducir en kits de alimentos o potenciales subsidios para pequeños sectores focalizados.
Asimismo, se plantea la creación de un fideicomiso de USD 20 millones para el otorgamiento directo de créditos a Mipymes y que será administrado por el Banco Nacional de Fomento (BNF), teniendo en cuenta que muchas de ellas no tienen acceso al crédito por parte de la banca pública ni de la privada.
Además, USD 2 millones irán a subsidios a trabajadores independientes formales; y USD 262 millones, para gastos en salud y programas sociales, que fue el punto más discutido al momento del tratamiento en general de la iniciativa en la Cámara Alta.
