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23 de enero de 2022

Destacan recuperación del empleo en el 2021, pero advierten retroceso que puede generar la no extensión de la Ley de Emergencia

Desde el Ministerio de Trabajo temen que se pueda perder el avance en la recuperación del empleo, si el Legislativo no aprueba prolongar la normativa de contención de los efectos de la pandemia. Aseguran que es necesario contar con herramientas para auxiliar tanto al trabajador como al empleador.

La ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, presentó ayer al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, el Plan Nacional de Empleo 2022. Este documento incluye el análisis de las proyecciones de crecimiento y generación de fuentes de trabajo para este año. 

En la ocasión, la secretaria de Estado destacó la recuperación del empleo registrado en el 2021 y aseguró que el año cerró con 156.195 nuevos ocupados, en comparación con el tercer trimestre del 2020. 

Además, dijo que, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), Paraguay es el segundo país de Latinoamérica con menor tasa de desempleo (6,5%) en el contexto internacional de pandemia.

Agregó que, en el 2021, aproximadamente 251.900 personas dejaron de tener algún inconveniente de acceso laboral en comparación con el tercer trimestre de 2020.

Avances en peligro

En otro momento, Bacigalupo anunció que, teniendo en cuenta el aumento de los casos de COVID-19 registrado en el país, desde la cartera de Trabajo están preocupados porque el Congreso Nacional no prolongó la vigencia de la Ley de Emergencia. Esto implica que, actualmente, no se puede cubrir la suspensión de contrato de trabajo ni el aislamiento. 

“Hoy nosotros estamos rogando al Congreso que prolongue la Ley de Emergencia porque con este disparo de contagios, también se están disparando los casos de aislamiento y pasa que una microempresa o una empresa pequeña no puede cubrir con salarios el aislamiento de todo su personal por siete o diez días”, afirmó. 

Agregó que la mayor parte del empleo está concentrado en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), que tampoco tienen una capacidad de pago muy grande que permita tener a la mayor parte de su plantel en aislamiento.

“Hoy necesitamos que el Congreso nos dé una mano solidaria, al trabajo formal, a aquel trabajador que mes a mes paga su 9% y hoy más que nunca requiere ese sostén del sistema formal, y también el empleador que mes a mes abona el 16,5% para adherirse a la legalidad”, enfatizó Bacigalupo.

Al mismo tiempo, recalcó que no quieren perder todo el avance y esfuerzo realizado en el 2020 y 2021 para sostener el empleo formal.

“Hay un pico histórico de 654.000 cotizantes en el Instituto de Previsión Social (IPS), no queremos que eso decaiga porque empresas tengan que desvincular a sus trabajadores por un aislamiento”, reiteró.

Por último, la alta funcionaria dijo que se debe entender que se está transitando por una fase de recuperación y que es necesario que se cuente con las herramientas para auxiliar al trabajador, para que no se quede sin nada durante el tiempo de aislamiento, y también a las microempresas empleadoras, que no tienen una capacidad de pago fuerte.

El Plan Nacional de Empleo

Por otro lado, cabe señalar que el plan nacional de empleo presentado por la cartera de Estado tiene como objetivo general fomentar el empleo digno, impulsando políticas y acciones que contribuyan a la reactivación y el crecimiento económico, la estimulación de la demanda y la reconversión laboral. 

Entre las metas figuran la estimulación de acciones públicas y privadas para la generación de empleo formal en función del crecimiento económico, para la recuperación del empleo por la pandemia del COVID-19, con énfasis en jóvenes, mujeres y grupos vulnerables. 

Asimismo, contempla potenciar actividades económicas más sostenibles y más productivas, fortalecer los programas de formación en oficios y tecnicaturas, fomentar la reconversión laboral e impulsar la mejora de competencias para una mayor empleabilidad de la mano de obra paraguaya. 

Igualmente, se impulsará el acceso de los trabajadores a la seguridad social, la mejora de sus ingresos y la transición a la formalidad, a través de actividades de control y la construcción de mayores ventajas e incentivos, según relata el documento.