En una sesión conjunta realizada el pasado 5 de junio, las comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado del Senado, emitieron un dictamen favorable al proyecto de Ley que regula el Sistema Nacional de Pagos, impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El proyecto que busca actualizar el marco normativo vigente desde 2012, cuando fue promulgada la Ley N° 4595, para responder a los cambios registrados en el ecosistema financiero local, se aprobó con modificaciones por la Cámara de Senadores y está pendiente su tratamiento en la Cámara Baja.
En ese contexto, cabe mencionar que en más de una década el sistema de pagos de Paraguay evolucionó hacia una mayor digitalización, con una creciente demanda de servicios interoperables, ágiles y seguros por parte de usuarios y empresas.
Durante la reunión, Carlos Fernández Valdovinos, ministro del MEF destacó que el Sistema de Pagos del Paraguay (SIPAP) es actualmente el principal canal para transferencias entre entidades financieras, y aseguró que la nueva legislación mantendrá la gratuidad de estas operaciones para los usuarios. También se contempla la gratuidad de transferencias entre compañías telefónicas.
Con esto, lo que se busca además es otorgar de mayor facultad para administrar y coordinar el sistema de pagos nacional, además de regular y supervisar, al al Banco Central del Paraguay (BCP).
APOYO DEL SECTOR FINTECH
En esta línea, desde la Cámara Paraguaya de Fintech expresaron su respaldo a la iniciativa a través de un comunicado, en que señalaron que representa un paso importante hacia un sistema financiero más moderno, transparente y competitivo.
La organización destacó que el proyecto fue “ampliamente estudiado y analizado en un esfuerzo multisectorial” y que su implementación contribuirá a un entorno de libre competencia e inclusión financiera.
“Esta regulación, construida de manera imparcial y centrada en beneficiar al usuario final, resulta adecuada y equitativa para consolidar un entorno de libre competencia, donde la innovación y la eficiencia puedan florecer, beneficiando directamente a los paraguayos, al comercio y a los distintos actores que conforman nuestro sistema financiero y tecnológico”, dicta el documento.
Asimismo, la Cámara de Fintech refirió que la propuesta puede evitar prácticas “anticompetitivas”, además de estar alineada con la Estrategia Nacional de Transformación Digital y puede impulsar tanto la innovación como la inversión, consolidando una infraestructura de pagos acorde con estándares internacionales.
“Reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando proactivamente junto al sector público, privado y entes reguladores para promover un marco normativo que fomente la innovación, la transparencia, proteja los derechos de los ciudadanos y dinamice el crecimiento del ecosistema financiero nacional”, finaliza el comunicado.
PREOCUPACIÓN POR RIESGOS REGULATORIOS
Por su parte, la empresa procesadora de pagos Bancard, también emitió un comunicado donde manifestó su preocupación, específicamente por el artículo 4, los incisos e) y q), que otorgan a la autoridad de aplicación facultades que la empresa considera “excesivamente amplias y de redacción ambigua para regular e intervenir la estructura organizativa de los participantes del sistema”.
Entre las atribuciones mencionadas por Bancard se incluye la posibilidad de imponer “separaciones estructurales” entre entidades vinculadas en nombre de la “transparencia” o el “interés público”, así como la potestad de suspender decisiones adoptadas por administradores del sistema de pagos.
Según la firma, estas disposiciones lejos de promover un sistema de pagos moderno, eficiente e inclusivo, podría generar inseguridad jurídica, desincentivar la inversión y favorecer prácticas regulatorias discriminatorias.
“Consideramos necesario advertir sobre este riesgo, en tanto podría vulnerar el principio de igualdad ante la ley, afectar la libre competencia, desalentar la innovación y limitar la participación del sector privado. Es importante mencionar que el borrador del proyecto de ley socializado no incluía la atribución de separación estructural, por lo que no tuvimos la oportunidad de exponer nuestra postura sobre el tema”, advierte el comunicado.
Finalmente, la empresa solicitó a la Cámara de Diputados que abra un espacio de diálogo con todos los actores del sistema, para debatir en profundidad las posibles consecuencias de la normativa antes de su aprobación final.
