En la mañana de este lunes y por medio del Decreto No. 4591, el titular del Poder Ejecutivo, Mario Abdo Benítez, confirmó a Juan Rafael Caballero González como nuevo Procurador General de la República, tras la renuncia de Carlos Coscia el pasado 24 de diciembre.
El saliente abogado del Estado dimitió tras los severos cuestionamientos realizados a un acuerdo que intermedió entre Petropar y la empresa argentina Texos Oil, en que se pactó el pago de USD 7 millones a favor de la mencionada compañía extranjera.
Caballero González es abogado por la Universidad Nacional de Asunción y posee formación en elaboración de gestión y proyectos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y capacitaciones en materia de derechos humanos mediante varios organismos internacionales.
Según se apunta en el currículum difundido por Presidencia, el nuevo procurador posee experiencia en el sector público, ya que fue sub-secretario de Justicia entre 1990 y 1996, con dependencia en aquel entonces del Ministerio de Justicia y Trabajo. También ocupó el cargo de viceministro del Interior, de 1996 a 1998.
“Dese las gracias al señor Sergio Andres Coscia Nogues por los servicios prestados como Procurador General de la República”, se lee en el documento publicado.
Petropar
El presidente de la empresa estatal Petróleos del Paraguay S.A. (Petropar), Denis Lichi, apuntó a Sergio Coscia como culpable del polémico acuerdo firmado el pasado 2 de diciembre por la institución a su cargo, que contempla un pago de USD 7 millones a la firma argentina Texos SRL, tras una millonaria demanda debido a la anulación de una adjudicación.
“La Procuraduría General de la República, como representante constitucional de Estado, envía una nota a Petropar aseverando la conveniencia de acordar con la demandante”, afirmó Lichi mediante su cuenta en Twitter.
A su vez, adjuntó el documento con la firma y el sello de Coscia, en que se detalla la propuesta de finiquito.
Allí se observa que Procuraduría explicó a Petropar los supuestos beneficios que podría traer este acuerdo para la institución, ya que el ofrecimiento de la empresa argentina implicaba la quita de gran parte del capital, intereses, capital y costas del juicio, a más que el monto para la conciliación habría incluido los honorarios para los abogados intervinientes.
Sin embargo, tras la polémica generada por este acuerdo, Coscia dimitió al cargo y Lichi es apuntado severamente por sectores políticos y ciudadanos que piden su investigación en el asunto más allá de una eventual renuncia al cargo que actualmente ostenta en la petrolera estatal.
Demanda
La demanda de la cuestionada empresa argentina pretendía en un principio la suma de USD 31 millones. La misma se dio tras la suspensión de una licitación que se había realizado durante el gobierno de Fernando Lugo para la la compra de combustibles mediante una subasta realizada por medios electrónicos para la provisión de dos sucursales de la petrolera estatal.
El 10 de diciembre del 2009, la firma del vecino país fue beneficiada con la adjudicación para la provisión de gasoil, sin embargo, muy pronto se comenzó a tener sospechas sobre la empresa adjudicada.
En ese contexto, se comenzó a sospechar de maniobras poco claras para beneficiar a Texos Oil, lo que conllevó a que en 2010 la unidad de contrataciones de Petropar solicite que se anule la adjudicación antes de la firma del contrato con la empresa.
Para esto, se argumentó en la época que la firma no reunía las condiciones financieras, tenía un capital de apenas 10.000 pesos argentinos y nula experiencia en materia petrolera. Además, no se pudo acreditar seriamente referencia comercial alguna de sus principales proveedores.
En el año 2011, Texos Oil presentó una demanda contra Petropar por supuestos daños y perjuicios, pérdida de oportunidad y lucro cesante, y solicitó la mencionada suma de dinero como resarcimiento, según los documentos difundidos por Denis Lichi.
