Desde la primera medición en 2004, Paraguay mostró un crecimiento sostenido en el Índice de Desarrollo del Servicio Civil, especialmente desde 2008. El BID sostiene que las reformas implementadas como políticas públicas de largo plazo cumplieron un rol importante, puesto que la implementación se dio incluso en contextos de alternancia política.
Según refiere el organismo internacional, este progreso coloca a Paraguay en el grupo de países con un índice medio, junto a naciones como Costa Rica y Colombia, y lo posiciona como un ejemplo destacado de mejora en la región.
En este sentido, algunas de las acciones destacadas detrás del avance fueron la planificación de la fuerza laboral, programas de retiro voluntario y reformas salariales, situándose en esta última la implementación de los concursos como mecanismo de ingreso a la función pública.
No obstante, a pesar de los avances, Paraguay aún enfrenta desafíos significativos para consolidar las reformas en curso, tal es el caso del proyecto de ley de la función pública y del servicio civil que cuenta actualmente con media sanción en la Cámara de Senadores.
Esta propuesta establece el concurso público como el único mecanismo de ingreso a la función pública, con excepciones para los cargos electivos y de confianza. Además, contempla un período de prueba de seis meses para la evaluación y posterior estabilidad laboral.
En cuanto a los empleados contratados, se prevé un régimen especial que garantiza la estabilidad laboral tras diez años de servicio ininterrumpido y derechos laborales como vacaciones, aguinaldo y acceso a la seguridad social, conforme al presupuesto vigente.
Para los directivos públicos, el proyecto establece que sean seleccionados mediante concurso público, con un periodo de tres años y un límite de nueve años de permanencia. Los actuales directivos que ocupan puestos sin carácter de confianza podrán continuar en sus cargos hasta que se realicen los concursos necesarios para su cobertura.
Sobre las pasantías, el proyecto aclara que estas no crean vínculo laboral, ni permiten cubrir vacantes o reemplazar personal. Además, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), será responsable de diseñar las políticas de remuneración para el servicio civil, teniendo en cuenta el impacto fiscal y la eficiencia del gasto.
CONTEXTO REGIONAL
El BID afirma que América Latina y el Caribe enfrenta desafíos críticos en la gestión del servicio civil, siendo el bajo crecimiento económico, las secuelas de la pandemia, los shocks externos y las complejidades fiscales limitantes para la capacidad estatal, dificultando la implementación de políticas públicas.
El informe destaca que, para superar estos obstáculos, es esencial fortalecer la capacidad estatal mediante la planificación estratégica de recursos humanos, el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y la implementación de políticas salariales que fortalezcan la meritocracia e integridad en el servicio civil.
En la región, los avances en el índice fueron heterogéneos. Países como Chile, Brasil y Uruguay lideran con puntajes superiores a 60. En contraste, Ecuador y Perú, aunque han mostrado avances notables, han enfrentado retrocesos recientes. Paraguay, con su incremento de 14 puntos, emerge como un ejemplo de progreso sostenido, superando a naciones que experimentaron estancamientos o retrocesos, como Panamá o El Salvador.
