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4 de diciembre de 2022

Proveedores del IPS emplazan a la previsional por 10 días o habrá corte de suministros

Los gremios señalan que la deuda con proveedores asciende a USD 258 millones, por medicamentos, equipos médicos, insumos y afines, por lo que el monto debe empezar a pagarse en un máximo de 10 días o advierten que habrá recorte de provisiones y afectará a los asegurados.

Ante el ineficiente uso que se viene dando a los recursos públicos, instituciones como Dende reiteran el llamado de atención a las autoridades. La fundación anunció la creación de una Unidad de Análisis del Gasto Público.

A través de una conferencia de prensa, los proveedores del sistema de salud del Instituto de Previsión Social (IPS) informaron que siguen entregando día a día lo que se usa en la previsional, por lo que expresaron su apoyo al proyecto de ley de financiamiento a largo plazo del IPS y solicitaron que sea aprobado antes de los 10 días o, de lo contrario, no seguirán entregando los insumos.

“Los asociados a las cámaras venimos trabajando desde el mes de junio de este años junto con las autoridades del IPS para encontrar una salida a la pesada deuda que acarrea, a pesar de que hay empresas que hace más de un año no reciben pagos por parte del IPS, la provisión de insumos y medicamentos nunca se ha cortado, porque no queremos agudizar la situación de los pacientes”, expresó Luis Ávila, secretario general de la Cámara de la Industria Farmacéutica y Química del Paraguay.

Las empresas miembros de las distintas cámaras a la fecha están refinanciando las deudas a través de mecanismos de créditos del sector local con el fin de evitar un colapso y desabastecimiento que afecte a los pacientes. Informaron que están dando prioridad a aquellos segmentos delicados como los pacientes oncológicos, cuya medicación es la más costosa e insostenible para las familias.

“Estos pacientes merecen nuestro apoyo y nuestro respaldo, como empresas serias contraemos compromisos con proveedores externos y debemos cumplirlos, necesitamos una previsibilidad de flujo financiero en el corto y mediano plazo”, dijo Avila.

Reiteró que los gremios son contrarios a cualquier intento de utilización de los fondos jubilatorios, como con mala intención se pretende instalar.

Indicó que los proveedores registran hoy a más de 10 mil funcionarios que son parte del IPS, por lo que las medidas de fondo que requiere la previsional para continuar prestando servicios deben ser implementadas en el corto plazo para garantizar el normal funcionamiento de la institución. Como conocedores y parte activa del IPS, mostraron su disponibilidad para trabajar en conjunto.

“Ante la crítica situación en la que nos encontramos, esperamos el acompañamiento de la clase política, del gobierno nacional y de las autoridades del IPS. Confiamos en que en los próximos días se podrá encontrar una salida financiera a la deuda que arrastramos”, sostuvo.

Matias Thiede, representante de la Cámara Paraguaya de Equipos Médicos y de Diagnóstico por Imágenes, manifestó que proveen equipos médicos y servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de la base de los equipos instalados en el IPS y que muchas empresas dentro de su gremio están en una situación financiera muy delicada.

Adelantó que ya evalúan la posibilidad de suspender contratos con el IPS, especialmente en la cuestión de mantenimientos. “La solución a corto plazo viable es este proyecto de ley que se está analizando en el Congreso. Abogamos, por el bien del IPS y del asegurado, que eso avance”, expresó.

Por su parte, Juan Carlos Arce, presidente de la Cámara Paraguaya de Productos y Equipos Médicos, Odontológicos y de Laboratorio (CAPPEM), manifestó que las empresas de su gremio han tenido que avanzar en juicios de advenimiento y suspendiendo algunas provisiones. “Estamos muy preocupados porque el impacto en la población de la falta de insumos es muy viable, son 1.400.000 asegurados que dependen de estos servicios y por supuesto sus familias también”, dijo.

Finalmente, Karin Wasmosy, de la Cámara de Representantes e Importadores de Productos Farmacéuticos, Tocador Domisanitarios y Afines (CRIPFA), alegó que el Gobierno debe encontrar soluciones estructurales a largo plazo para que el IPS salga de esta situación de una vez por todas.

“Nuestros asociados proveen productos oncológicos que son costosísimos y son ellos los que van a ser sujetos de un corte de estos productos si es que no se encuentra una solución”, puntualizó.

Dende anuncia creación de una Unidad de Análisis del Gasto Público

La fundación Desarrollo en Democracia (Dende) anunció, por su parte, la creación de una Unidad de Análisis del Gasto Público que permitirá proveer a la ciudadanía información oportuna y confiable sobre el uso del dinero público. Durante Plaza Pública Dende, el economista y exministro de Hacienda, César Barreto, y el economista y exviceministro de Economía, Manuel Alarcón, explicaron que el objetivo de esta nueva unidad es evitar el despilfarro.

Barreto recordó que la reforma del 2003, junto al nombramiento de técnicos al frente del Ministerio de Hacienda, posibilitó al país, a lo largo de estos años, mantener un orden en la macroeconomía, una deuda pública controlada e incluso se pudo utilizar el margen de endeudamiento que tenía el país para enfrentar un choque muy fuerte como la pandemia.

Durante el programa «Plaza Pública Dende», estuvieron presente el economista y exministro de Hacienda, César Barreto, y el economista y exviceministro de Economía, Manuel Alarcón.

Por otra parte, lamentó que la clase política no haya acompañado las reformas y, por el contrario, haya seguido manejando los recursos estatales con criterios no técnicos. “Yo creo que hemos fracasado, porque los niveles del gasto público en términos de montos han crecido mucho, sin embargo, el uso de esos recursos deja mucho que desear”, agregó.

Aunque la reforma del 2003 dio buenos resultados, en el año 2012 el Poder Legislativo otorgó un incremento salarial para el sector público que marcó el inicio de un periodo de déficit fiscal que hasta la fecha no puede ser revertido. Esta decisión provocó el crecimiento del gasto salarial de USD 800 millones por año, sin que redunde en mayores beneficios para la ciudadanía.

Remarcó que las remuneraciones del sector público no pueden estar desapegadas de la economía en general, porque finalmente quienes terminan pagando esas remuneraciones son los contribuyentes.

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