Quito, 11 abr (EFE).- La Cámara de Minería del Ecuador (CME) defendió este martes la «necesidad de consulta ambiental» y formuló un llamamiento a la Corte Constitucional para que no admita a trámite una acción de inconstitucionalidad interpuesta por organizaciones indígenas.
La presidenta ejecutiva de la CME, María Eulalia Silva, recordó que varias industrias -entre ellas la minera- requieren de una licencia ambiental que otorga el Ministerio del Ambiente para varias actividades productivas.
Desde octubre de 2021, una sentencia emitida por la Corte Constitucional (CC) manda que, para emitir una licencia ambiental, se debe contar con una consulta ambiental que debe hacer el Estado.
«Esa misma sentencia de la Corte establece un paso anterior a la consulta ambiental que es la consulta prelegislativa, que debe hacerse a comunidades, pueblos, nacionalidades porque está relacionado con derechos colectivos», explicó Silva a EFE.
Dicha consulta prelegislativa le indica a la gente que se va a implementar la consulta ambiental, y solicita los comentarios e inquietudes de la población.
ACCIÓN DE GRUPOS INDÍGENAS
Silva recordó que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la mayor organización indígena del país, interpuso una acción de protección para invalidar el proceso de consulta prelegislativa «porque dicen, entre otras cosas, que no se ha hecho consulta prelegislativa de la consulta prelegislativa», dijo.
En noviembre de 2022, el Ejecutivo emitió el decreto 604, que estableció un procedimiento para consultar a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas sobre las normas que se expidan desde el poder ejecutivo y que puedan afectar directamente a sus derechos.
«Sin embargo, este instrumento es inconstitucional porque no fue consultado» a los indígenas antes de ser expedido y «debía ser aprobado por la Asamblea Nacional y no por el presidente», sostiene la Conaie, que considera que esta norma no garantiza el consentimiento de los pueblos, «tornándose en un mero trámite formal».
Por ello, el pasado 8 de marzo, la Conaie planteó a la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto y pidió a las comunidades rechazar la invitación del Ministerio de Ambiente a participar en la llamada consulta prelegislativa.
AFECTACIÓN ECONÓMICA
«Esto es gravísimo porque se está paralizando este proceso», que necesitan varias industrias, incluida la minera, que requiere licencias ambientales para sus distintas fases, opinó Silva.
«Todo está en el congelador», añadió al poner como ejemplo una inversión de mil millones de dólares para la construcción de tres minas que requieren licencias ambientales, para lo cual necesitan la consulta ambiental.
Gran parte de esa inversión «se va a quedar en compras locales, en compras en provincias que podrían verse beneficiadas», dijo al subrayar, además, que la etapa de construcción de mina dispara el empleo local.
«Desde el año pasado no se ha dado ninguna licencia ambiental porque no hay cómo implementar la consulta ambiental», subrayó al asegurar que la industria minera «siempre ha estado dispuesta y colaborativa para que se haga la consulta ambiental».
«Vemos con ojos de terror todo esto», alertó al subrayar que el país necesita empleo.
La Cámara apuntó que la minería a gran escala ha permito la reducción de la pobreza. Sólo el año pasado, el sector generó más de 180.000 plazas de trabajo directo e indirecto.
Silva teme que «de darse paso al pedido de la acción de inconstitucionalidad, se estaría incentivando las actividades ilegales, pues en un país donde las industrias formales no pueden avanzar, proliferan las actividades ilícitas».
