Santiago de Chile, 9 may (EFE).- El presidente chileno, Gabriel Boric, promulgó este martes la Ley contra el Narcotráfico que modifica diversos cuerpos legales para mejorar la persecución del crimen organizado, regular el destino de bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social.
“En materia de seguridad pública nuestro objetivo fundamental es disminuir los delitos violentos: vamos a detener el alza de homicidios que hace varios años se viene registrando en nuestro país y golpearemos con mucha fuerza al crimen organizado para recuperar cada uno de los barrios que han sido tomados por narcotraficantes”, sostuvo Boric, acompañado de varios de sus ministros.
La nueva norma actualiza las herramientas para perseguir el narcotráfico, entrega más herramientas para que policías e instituciones del Estado puedan combatirlo con mayor eficacia y refuerza la persecución contra quienes provean drogas a niños, niñas y adolescentes.
“Ese norte de hacernos cargo de las urgencias que nos manifiesta la ciudadanía, en particular en materia de seguridad y del alza del costo de la vida no se modifica por coyunturas; tampoco, la necesidad de bregar y hacer reformas que garanticen mayor justicia social y equidad”, añadió el presidente en referencia a los cambios que tiene pendientes en materia de tributos y pensiones por las trabas que se ha encontrado en el Congreso.
En los últimos meses, el Ejecutivo y el Parlamento chilenos impulsaron una agenda legislativa en materia de seguridad pública como respuesta a la crisis que atraviesa el país en esta materia.
De acuerdo con la Subsecretaría de Prevención del Delito, en 2022 se registró una tasa de 4,7 asesinatos por cada 100.000 habitantes, un valor muy por debajo de la media regional, pero que en Chile supone un aumento del 34,33 % con respecto al año anterior.
La sensación creciente de inseguridad es una de las principales preocupaciones de los chilenos, según las encuestas de opinión.
La situación se agudizó entre marzo y abril cuando, en menos de un mes, tres policías murieron por disparos de terceros mientras realizaban controles rutinarios.
Los hechos conmocionaron a la opinión pública y llevaron a gobernantes y parlamentarios a agilizar la tramitación de nuevas normas, algunas de ellas, como la Ley Nain-Retamal –conocida también como «ley de gatillo fácil»–, polémicas por entregar más libertades a los agentes para el uso de su arma de servicio.
