Ciudad De Panamá, 19 oct (EFE).- La Defensoría del Pueblo de Panamá instó este jueves a la población a manifestarse de «forma pacífica sin afectar a terceros ni a la propiedad privada» en el marco de una ola de protestas en rechazo a un polémico contrato minero, que han cerrado las principales vías del país y han culminado con enfrentamientos policiales.
«Ante las manifestaciones públicas que se desarrollan en diferentes puntos de la ciudad capital, ejerciendo el derecho universal de la protesta; la Defensoría del Pueblo de Panamá, insta a ejercer este derecho de forma pacífica sin afectar a terceros ni a la propiedad privada», señala un comunicado de la Defensoría.
Aunque reconoce que «las luchas o conquistas sociales históricamente han desarrollado acciones para que sus voces se han escuchadas» apunta que «también el camino del diálogo, para llegar a un entendimiento que promueva una cultura de paz, se ha consolidado como la mejor herramienta para superar los conflictos sociales».
La Defensoría reiteró que «existen múltiples mecanismos legales nacionales como internacionales para reparar las posibles vulneraciones a los derechos humanos y que es imperante preservar también a todos los habitantes el acceso a los derechos: a la salud, a la educación y al trabajo sin menoscabo al derecho legítimo de la protesta».
La Asamblea Nacional (Parlamento) de Panamá está debatiendo esta semana un polémico nuevo contrato entre el Estado y Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), para explotar la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica.
Ambientalistas, sindicatos, estudiantes y sociedad civil organizada han estado protestando frente a la sede parlamentaria así como en otros puntos del país para mostrar su rechazo cortando las principales carreteras en unas tensas manifestaciones que han culminado con enfrentamientos policiales.
Ayer, los diputados aprobaron en el primero de tres debates obligatorios ese criticado pacto minero y se espera que este jueves avance la discusión en el Legislativo. Ante ello, los manifestantes han anunciado con intensificar las protestas.
En septiembre, el Parlamento suspendió el primer debate y devolvieron al Ejecutivo de Laurentino Cortizo el contrato ley con unas sugerencias para modificar algunos puntos. Después de que el Gobierno realizara esos cambios, tachados de «maquillaje» por los ambientalistas y sindicatos, el Parlamento retomó la discusión.
El Ejecutivo y la empresa minera alcanzaron en marzo pasado un acuerdo final, tras arduas negociaciones, del contrato de concesión a 20 años prorrogables para la explotación de la mina Cobre Panamá con ingresos mínimos anuales de 375 millones de dólares al fisco, y amplios poderes de supervisión estatal a la operación, entre otros.
