Ciudad de Panamá, 25 oct (EFE).- El Episcopado de Panamá pidió este miércoles a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que se pronuncie «urgentemente sobre la inconstitucionalidad» del contrato ley que renovó la concesión a la filial de una empresa canadiense que explota una gran mina de cobre, el cual es rechazado con protestas callejeras que ya duran tres días en el país.
Los obispos dijeron en un comunicado que el pronunciamiento urgente de la máxima corte sobre la «inconstitucionalidad» alegada por los detractores del contrato ley es la manera para «superar la confrontación y traer paz, buscando espacios de encuentro, consensos y soluciones en las que todos» participen.
Varios recursos de inconstitucionalidad han sido ya presentados ante la Corte Suprema contra el contrato ley entre el Estado y la empresa Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Mineral, aprobado y publicado en la gaceta oficial el pasado 20 de octubre, en un trámite inusualmente expedito.
Activistas y juristas señalan que el nuevo contrato mantiene los mismos vicios que llevaron a que el anterior fuera declarado inconstitucional por la Corte Suprema en el 2017, ocho años después de presentada una acción legal en ese sentido, una dilación que ha sido muy criticada por diversos sectores que la señalan como la génesis de este conflicto.
Pero el Gobierno de Laurentino Cortizo defiende que el nuevo contrato es legal, multiplica por 10 las ganancias para el Estado y garantiza la vigilancia medioambiental, entre otros beneficios.
«El modelo consumista y extractivista que genera graves daños para la vida humana y el medio ambiente, si bien genera mucho dinero, no contribuye al desarrollo humano integral (…) poner el bienestar económico por encima de la vida es un grave error», afirmaron los obispos.
Tildaron además de «preocupante» el que «se haya procedido con demasiada celeridad a la aprobación del contrato minero (…) a pesar de los permanentes cuestionamientos de la sociedad», a lo que atribuyeron «la crispación de un gran sector de la población que ha producido una infortunada situación de confrontación, represión y violencia».
Este miércoles continuaron los bloqueos de carreteras y avenidas en la capital y el interior del país pese al llamado a la calma y al diálogo hecho el martes por el Gobierno y las patronales, al que se han sumado hoy gremios como el de los abogados.
Los cortes son realizados mayoritariamente por obreros de la construcción, mientras que activistas, docentes y estudiantes han realizado marchas, algunas masivas como la de anoche en la capital, que han sido manchadas por actos de vandalismo que han dejado propiedad pública y privada afectada o destruida, además de intentos de saqueo.
Este miércoles el Órgano judicial informó que un tribunal sentenció a 48 meses de cárcel a tres personas atrapadas cuando saqueaban el martes un comercio cercano al Parlamento en el marco de las manifestaciones.
La Defensoría del Pueblo precisó este miércoles que, solo ayer, 16 personas resultaron heridas en las protestas en todo el país, y que 15 más fueron capturadas por las autoridades. La Policía también ha dicho que sus agentes ha resultado con lesiones.
La Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof) decidió este miércoles extender por otras 48 horas el paro nacional iniciado el martes como medida de presión para que el Gobierno derogue el contrato ley.
Los médicos del Hospital Santo Tomás, el principal del país y situado en la capital, anunciaron un paro de labores de 48 horas a partir de mañana y se sumaron así a sus colegas de la Caja del Seguro Social, que ayer decretaron una huelga de 72 horas.
