Panamá, 9 sep (EFE).- La estatal Caja de Seguro Social de Panamá (CSS) rechazó este miércoles la exigencia de un pago de 125 millones de dólares que le reclama la empresa española FCC, por la polémica edificación de una millonaria obra hospitalaria y que la constructora ha llevado a un arbitraje internacional.
«Nos encontramos con una demanda ante el Tribunal de Arbitraje Internacional que exige el pago de 125 millones de balboas (dólares) de nuestro país hacia la empresa constructora (FCC). Ese hecho es inaceptable y (..) rechazamos sus pretensiones», dijo el director de la CSS, Enrique Lau, en sus redes sociales.
La construcción del enorme hospital, conocido como Ciudad de la Salud o Ciudad Hospitalaria, fue contratada durante el Gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) por más de 554 millones de dólares para ser entregada en julio de 2015.
Una serie de irregularidades detectadas durante la Administración de Juan Carlos Varela (2014-2019) retrasaron las obras, que tienen un demora de cinco años y solo llevan un 65 % de avance.
Lau explicó que FCC presentó la demanda ante la Cámara de Comercio Internacional de París para «bloquear la capacidad de Panamá de ejercer el derecho de que la fianza (consignada) cubra los incumplimientos que ha cometido» en la construcción del gran hospital.
La fianza de cumplimiento es de unos 55 millones de dólares y la de anticipo de aproximadamente unos 38 millones, según aclaró la semana pasada la firma de abogados que representará a la CSS ante la demanda.
La semana pasada, la Caja de Seguro Social decidió extinguir por «resolución administrativa» el millonario contrato con la empresa española, cuyo mayor accionista es el magnate mexicano Carlos Slim, por incumplimiento.
Lau aseguró que FCC «sorpresivamente» también solicitó «resolver unilateralmente el contrato y dar por terminado sus compromisos con la CSS aduciendo causa de fuerza mayor e incluyendo ahí lo que ha sucedido con la COVID» y la crisis sanitaria.
El Seguro Social rechazó esta pretensión «porque el país quedaría desprotegido de cualquier reclamación», indicó Lau.
Sin embargo, FCC negó este lunes ante una comisión del Parlamento de Panamá que haya «incumplido» el acuerdo, y aseveró que el retraso de las obras se debe a causas «no atribuibles» a la multinacional.
A inicios de agosto, la CSS solicitó al contratista FCC que les presentara un proyecto para la habilitación de tres salas en esta instalación a utilizar ante la apertura de actividades en el país, que habían sido paralizadas por la pandemia de la COVID-19, pero mientras «se esperaba la respuesta a esta solicitud, la empresa optó por presentar este recurso a nivel internacional», destacó la entidad.
FCC ES INVESTIGADA EN PANAMÁ Y EN ESPAÑA
En Panamá, la Fiscalía Especial Anticorrupción investiga desde 2017 a FCC por los proyectos Línea 1 y Línea 2 del Metro que construyó en consorcio con la brasileña Odebrecht, y la construcción de tres avenidas en la capital: Vía Brasil Tramo I y Tramo II, y la Domingo Díaz.
Por estos casos, la Fiscalía panameña ha pedido dos asistencias judiciales a Suiza, una a Costa Rica y otra a Países Bajos, todas estas sobre cuentas bancarias, y una a España, sobre declaraciones de un extrabajador de FCC.
Además, es investigada por la Justicia española luego de que exdirectivos de FCC admitieran que la empresa pagó sobornos para adjudicarse la licitación durante el Gobierno de Martinelli.
Panamá recibió recientemente un pedido de asistencia judicial de España sobre información bancaria de personas involucradas en los presuntos sobornos pagados por FCC, investigada por la Justicia del país europeo por los presuntos sobornos por 82,7 millones de dólares para obtener los proyectos de la línea 1 y 2 del Metro y la inacabada ciudad hospitalaria, según la información oficial.
