Montevideo, 12 ene (EFE).- La importancia de cuidar a las empresas públicas y el derecho de los usuarios a preservar su identidad digital son polos enfrentados en el largo debate generado en Uruguay por la portabilidad numérica, que entra en vigor este miércoles, pero bajo la amenaza de su posible derogación dentro de unos meses.
Discutida años atrás en el Parlamento y votada dentro de la Ley de Urgente Consideración (LUC), buque insignia del Gobierno de Luis Lacalle Pou (centroderecha) para 2020-2025, permitirá que un cliente pueda mantener su número de teléfono aunque cambie de operador, lo que deja a Uruguay en uno de los últimos países de la región en ofrecerla.
No obstante, un referéndum que se celebrará el 27 de marzo intentará derogar 135 de los 476 artículos de la LUC, entre los que se encuentran los referidos a la portabilidad numérica, precisamente los últimos (471 a 476).
ANTEL Y LAS DEMÁS
Según la Unidad Reguladora de Servicio de Comunicaciones, en Uruguay el mercado móvil es liderado por la empresa estatal Antel, con unas 2,1 millones de líneas, seguido de la española Movistar, con cerca de 1,4 millones, y la mexicano-brasileña Claro, con aproximadamente 963.000.
La uruguaya también opera otros rubros como la telefonía fija e internet del país suramericano, este último en exclusividad. El ejercicio anual de 2020 indicó que la compañía obtuvo una ganancia neta cercana a los 179 millones de dólares.
Con la entrada en vigor de la portabilidad numérica, Uruguay se suma a una lista de países de Latinoamérica que ya integran Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana.
No obstante, Gabriel Molina, presidente del Sindicato Único de Telecomunicaciones (SUTEL), asegura a Efe que allí esto se hace para «equiparar que la competencia a nivel de telefonía no tenga líderes» y asevera que en otros países casi no existen las empresas públicas de telecomunicaciones.
Sin embargo, el director nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Guzmán Acosta y Lara, resalta -consultado por Efe- que, cuando las empresas públicas «se ponen a hacer un poquito de gimnasia y a competir», generalmente no pierden sino que ganan.
DECISIÓN EN LAS URNAS
Promovida por la central sindical, el PIT-CNT, y organizaciones sociales y apoyada por el Frente Amplio, coalición de izquierdas que gobernó en Uruguay entre 2005 y 2020 y hoy es el principal opositor nacional, el referéndum del 27 de marzo hará que los uruguayos digan ‘SÍ’ o ‘NO’ a derogar esos 135 artículos.
A pocos meses de que eso suceda, desde SUTEL se entiende que el Ejecutivo debería suspender esta entrada en vigor, por lo que sus representantes presentaron una intimación que, según Molina, no tuvo respuesta de «absolutamente nada» de lo pedido.
Por su parte, Acosta y Lara explica a Efe que el recurso de referéndum «no tiene efecto suspensivo», por lo que la ley entrará en vigencia, ya que, detalla, el Ejecutivo «está obligado por la Constitución a hacer cumplir las leyes vigentes, no tiene otra opción».
LAS CONSECUENCIAS
La radical diferencia llega cuando se les consulta sobre lo que significará la portabilidad numérica para las empresas y los usuarios, ya que Molina opina que esto será «solo un buen negocio para las multinacionales», porque Antel «no va a poder competir con los precios».
«En un tiempo determinado va a perder ingresos y, por tanto, puede desaparecer si queda totalmente abierta y liberalizada la competencia», asevera.
Mientras tanto, Acosta y Lara asegura que esto dará a los usuarios el «derecho» de adueñarse de su número, algo que entiende que es «parte de su identidad digital».
También, apunta que esto no se hace «ni para beneficiar ni para perjudicar» a una empresa e indica que en otras partes del mundo la gente que se cambia oscila entre el 5 y el 10 %.
Lo cierto es que, desde este miércoles, los uruguayos podrán cambiar de compañía sin perder su número y lo harán mediante un pedido a la empresa a la que quieran llegar, que se encargará de finalizar los trámites con la empresa que se desprenderá del cliente mediante un administrador de la base de datos como intermediario.
Este fue elegido por las tres operadoras en una licitación internacional y tiene como condicionante que liberará de todo tipo de responsabilidad al Estado en caso de que el resultado del referéndum marque que debe cancelarse la portabilidad, algo que también harán las tres empresas.
Santiago Carbone
