Quito, 2 ago (EFE).- El Gobierno ecuatoriano cruza los dedos para que el fin de semana la mayor parte los bonistas de su deuda externa se decanten por una medida reestructuración al objeto de lograr una quita de 1.500 millones de dólares y aplazar compromisos hasta 2040.
Y es que el escenario que se vislumbra si no lograra el acuerdo pinta nubarrones muy grises sobre una economía que pende del fino hilo de la financiación internacional, sobre el que un incremento de la prima de riesgo podría terminar por cortarlo de cuajo.
El riesgo país de Ecuador se situaba en los últimos días al borde de los 3.000 puntos -Argentina rondaba esta semana los 2.300-, con saltos notables en los últimos días en los que se ha conocido la demanda de dos fondos de inversionistas estadounidenses, disidentes con la propuesta del país suramericano.
Aunque la votación iba a cerrarse este viernes, una Corte de Nueva York, donde Contrarian Capital Management y GMO demandaron al Estado ecuatoriano con relación a las solicitudes de consentimiento, obligó al aplazamiento del dictamen de los tenedores hasta el lunes.
«El futuro del Ecuador depende mucho de esta negociación porque al igual que las economías de toda América Latina, estamos enfrentando desafíos enormes», mencionaba este viernes el Ministerio de Economía en una comunicación atribuida a su titular, Richard Martínez.
Ese mismo día, señalaba que el hecho de que la Corte de Nueva York haya desestimado la petición «es un gran paso en la negociación de la deuda de Ecuador».
No es para menos, pues con la negociación están en juego la recuperación del país, además de «volver a crecer y tener espacio fiscal para atender a los más vulnerables».
LOS DATOS DE LA DEUDA
Conforme a datos facilitados a principios de mes por la cartera financiera, la deuda total ecuatoriana asciende a 58.418 millones de dólares y la negociada con los bonistas es de 17.375 millones, lo que representa cerca de un tercio del total.
Su estructura se divide en bonos emitidos en los mercados internacionales (32%), deuda con organismos internacionales (23%), gobiernos (10%) y bancos (4%), mientras que la interna representa el 29 % de acuerdo a la contabilidad del Gobierno.
La propuesta ecuatoriana espera lograr un alivio de deuda externa (bonos) durante la próxima década, y que el capital se reduzca de 17.375 millones a 15.835 millones, es decir, un recorte de 1.540 millones.
La propuesta debe cosechar una aceptación del 50 % de los tenedores sobre el capital de cada bono y del 66 % sobre el monto agregado de nueve bonos globales.
En el caso del más conflictivo bono de 2024, que tenía mejores condiciones para los compradores, se requiere una aprobación del 75 %.
El objetivo, según explicó Martínez al dar cuenta del proyecto, es «establecer un perfil de la deuda que permita evitar la crisis de pago futuras (default)».
En la misma línea se expresaba la ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien afirmaba que «Ecuador ha hecho un gran esfuerzo para cumplir con sus obligaciones y limpiar su historial de defaults», y que mantiene «un proceso de reestructuración de la deuda de manera correcta y responsable».
RIESGOS Y ALTERNATIVAS
La economista Betty Silva, especializada en finanzas y gestión pública, ve que el riesgo de no alcanzar un acuerdo con los tenedores llevaría al país a la pesadilla que se muerde la cola: Nuevamente requerir de financiamiento externo, lo que de por sí encarecería la deuda.
«Tendríamos dificultad para poder acceder a los mercados internacionales, con tasas de interés mucho más altas, lo que podría significar un atraso mayor de incumplimiento de ciertos compromisos», valoró.
De trasfondo, la ya de por sí deficitaria situación fiscal que arrastra Ecuador, con el Gobierno haciendo malabarismos para pagar a los funcionarios y lidiar con la pandemia de coronavirus.
«No existen recursos fiscales públicos, mientras que el sector privado está bastante afectado, lo que limita aún más el poder reactivar la economía», vaticina Silva.
Por otra parte, la economista tampoco cree que sea suficiente para paliar la crisis el decreto que esta semana emitió el presidente, Lenín Moreno, sobre el pago anticipado de grandes empresas contribuyentes, con el que se espera recaudar 230 millones de dólares.
Recordó la decisión de Finanzas de priorizar en abril el pago de la deuda de bonos 2020 e intereses -341 millones de dólares-, y consideró que si no se alcanza un acuerdo con los tenedores, «eso significaría que todo el trabajo ha sido en vano, ya que entraríamos en default y no existe otra fuente de financiamiento».
Por su parte, el analista económico Fidel Márquez, Prorector de la Universidad Tecnológica ECOTEC, cree que existe margen para que prospere la propuesta ecuatoriana, y señala que los grupos de bonistas disidentes representan el 3%.
Subraya el hecho de que los fondos díscolos a la negociación, son tenedores de bonos 2024, «procedentes del Gobierno (de Rafael) Correa, que tienen condicionantes nefastas para cualquier país, como que se requiera del 75% de aprobación para cualquier transacción».
Calificó a los grupos inversionistas demandantes «fondos buitres» por «su intento de bloquear la negociación», y argumentó en ese sentido, que en la actualidad los papeles de deuda «están muy por debajo del valor nominal», llegando a cotizarse debajo del 50%.
Los organismos multilaterales, que el año pasado respaldaron a Ecuador con préstamos a cambio de reformas luego no completadas, y el G-20, han pedido recientemente «flexibilidad» y «sostenibilidad de la deuda» para los países económicamente más afectados.
El peor de los escenarios, avanza Márquez, «es que el país tenga que ir pidiendo cada quince días para tratar de reestructurar su negociación».
Daniela Brik
