En el punto 16 del orden del día de la sesión de esta semana, la Cámara de Diputados tiene previsto analizar el proyecto de ley “Por el cual se crea el seguro de desempleo”, presentado inicialmente durante el periodo de gobierno anterior por Jazmín Narváez, Carlos Núñez y otros legisladores.
La propuesta ya cuenta con dictámenes de varias comisiones, algunas de las cuales recomiendan su aprobación con modificaciones, otras su rechazo o envío al archivo.
A fines de abril, los proyectistas solicitaron al presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, cambiar el acápite del documento por: “Proyecto de Ley que crea el seguro de protección al trabajador”.
El proyecto busca crear y regular un seguro de desempleo que reemplace temporalmente los ingresos de los trabajadores que pierdan su empleo de manera involuntaria. Este seguro tendrá como objetivo facilitar la búsqueda de un nuevo empleo y suavizar el impacto económico de la cesantía.
En concreto, la iniciativa establece que el Instituto de Previsión Social (IPS) será responsable de administrar el fondo del seguro, registrar a los beneficiarios y realizar los pagos.
Por su parte, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social tendrá a su cargo la regulación de los programas de políticas activas de empleo, además de supervisar la sostenibilidad del fondo.
Fondo solidario con múltiples fuentes de financiamiento
El proyecto prevé la creación del Fondo del Seguro de Desempleo, bajo administración del IPS, que operará como un fondo solidario de ahorro colectivo. Estará constituido por aportes de trabajadores y empleadores, multas, donaciones, rentas de inversiones, asignaciones del Estado, entre otros recursos.
El financiamiento será con una contribución conjunta no inferior al 2% de la remuneración imponible, repartido entre trabajadores y empleadores. La carga del trabajador no podrá superar el 50% del total de la contribución.
Críticas desde el sector privado
La propuesta generó críticas desde la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar), que advierte que el nuevo aporte implicaría una carga adicional sobre el sector formal, que ya contribuye con el 25,5% al sistema previsional (9% por parte del trabajador y 16,5% por el empleador).
“Más aportes no significan mejores servicios”, afirma el gremio en un comunicado, al tiempo de cuestionar la administración actual de los fondos del IPS y advertir que este tipo de proyectos “aumentan la presión fiscal sobre el trabajo y la inversión privada”.
Asimcopar insta al Congreso a rechazar la iniciativa o a financiar el seguro de desempleo con ahorros provenientes de gastos políticos del Estado.
