Morelia (México), 15 feb (EFE).- El aguacate mexicano, conocido como el «oro verde» por ser sustento de miles de familias en el occidental estado de Michoacán, corre el peligro de perder su principal mercado, el estadounidense, tras un incidente de seguridad en la región.
Autoridades de Michoacán han restablecido la comunicación con la Embajada de Estados Unidos en busca de que se elimine la suspensión de importación de aguacate mexicano que se dio el sábado pasado -a horas de que se celebrara la Super Bowl- e impuesta por amenazas del crimen organizado a un inspector estadounidense.
Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, reveló a medios que ya hay diálogo con la oficina de Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, y con la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM), para determinar el nuevo esquema de seguridad para oficiales (inspectores) e instalaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).
De esta manera, se presentó una propuesta de mecanismo de seguridad para garantizar el libre tránsito, cosecha, empaque y exportación del producto michoacano con destino al país del norte, que contempla entre otras cosas un protocolo y un estudio de 59 municipios de la zona.
También incluye la escolta a camiones así como puestos de control fijos y móviles en varios puntos de la región.
Michoacán reportó que, tan solo en las últimas seis semanas, previas a la final del campeonato de fútbol americano, se exportaron 135.000 toneladas de aguacate, del tipo hass, el cual también tiene demanda, aunque en menor medida, en mercados europeos y asiáticos.
Por ello este alimento es vital para la economía de Michoacán, que además de ser el principal productor de aguacates del país es el único estado mexicano totalmente autorizado para exportar hacia Estados Unidos.
SUPENSIÓN E INSEGURIDAD
El 12 de febrero, el Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales (APHIS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos notificó a México la suspensión temporal de la importación de aguacate michoacano tras amenazas que recibió uno de sus inspectores por presuntos integrantes de crimen organizado.
La amenaza es investigada por la delegación en Michoacán de la Fiscalía General de la República (FGR) a fin de determinar su veracidad y la autoría de la advertencia criminal.
María del Refugio Cabrera, representante estatal del conservador Partido Acción Nacional (PAN), advirtió que las amenazas a la industria mexicana del aguacate se derivan de la falta de una efectiva política de seguridad en Michoacán, donde en los últimos tres años no ha sido detenido ningún “objetivo” criminal.
“Es lamentable que la actividad productiva y de exportación del aguacate michoacano se vea afectada por la falta de condiciones de seguridad, no solo para productores, empacadores o transportistas, sino también para inspectores que certifican la calidad de los productos de Michoacán”, dijo la política conservadora.
En la región de Uruapan, el segundo municipio en importancia de Michoacán y considerado el principal productor del fruto, operan los cárteles de Los Caballeros Templarios, Pueblos Unidos, La Nueva Familia Michoacana y Jalisco Nueva Generación (CJNG), los cuales buscan controlar la producción y exportación de aguacate.
FALTAN CONTROLES Benjamín Revuelta Vaquero, reconocido investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), una de las principales instituciones educativas del país, alertó que el cultivo del aguacate en Michoacán no cuenta con una regulación adecuada, lo que ya ha derivado en el inicio de una grave crisis ambiental.
El también profesor universitario explicó que Michoacán enfrenta una grave realidad en la que entre 80 % y 90 % de las hectáreas de aguacate se encuentran en condiciones de ilegalidad; es decir sin cumplir normas ambientales como el permiso de cambio de uso de suelo para la actividad aguacatera.
“Yo denominaría que estamos en la informalidad ambiental. El procedimiento normal supondría que se tiene que solicitar un cambio de uso de suelo, en base a la Ley Forestal, pero esto no ha ocurrido. La Semarnat (Secretaría del Medio Ambiente) no la aplica y en más de 20 años alrededor del 80 al 90por ciento de las huertas hoy están en la ilegalidad”, concluyó.
