Sao Paulo, 30 mar (EFE).- La estatal Companhia Docas de Espíritu Santo (Codesa) le fue adjudicada este miércoles al fondo de inversiones en participaciones Shelf 119 Multiestrategia por 106 millones de reales (22,3 millones de dólares), en la que ha sido la primera privatización del sector portuario en Brasil.
En una subasta realizada en la Bolsa de Valores de Sao Paulo, el fondo de inversiones obtuvo el derecho a gestionar la administradora de puertos del estado de Espíritu Santo (sureste), responsable de las terminales de Vitoria y Barra do Riacho, por los próximos 35 años.
Se trata de la primera privatización realizada en Brasil de una «companhia docas» (compañía de muelles, como son conocidas las autoridades portuarias regionales) vinculadas al Gobierno Federal y responsables de la administración de los puertos de cada estado brasileño.
La ofertada de Shelf 119 Multiestrategia superó la propuesta de 101,1 millones de reales (21,3 millones de dólares) presentada por el Consorcio Beira Mar, los dos únicos competidores en la puja.
Además de esa inversión, el nuevo operador de los puertos tendrá que desembolsar 327 millones de reales (unos 69.000 millones de dólares) por la adquisición de las acciones de Codesa.
La disputa tenía como precio base el valor simbólico de 1 real (0,21 dólares), que podría ser elevada en por lo menos cinco millones de reales (1,04 millones de dólares) a cada nueva oferta.
La expectativa es que el fondo de inversiones realice en los dos puertos adjudicados unas inversiones por 335 millones de reales (70,6 millones de dólares) en obras y de al menos 520 millones de reales (109,7 millones de dólares) para el mantenimiento de la estructura en los próximos años, además de otros compromisos.
La subasta de este miércoles también fue la última realizada por el ministro de Infraestructura brasileño, Tarcísio de Freitas, quien dejará el cargo para ser candidato a gobernador de Sao Paulo en las elecciones presidenciales y regionales de octubre próximo.
La privatización de la Codesa ha sido considerada una suerte de «proyecto piloto» para la desestatización de otras empresas portuarias que están en el punto de mira del Gobierno del presidente Jair Bolsonaro, en especial la Santos Port Authority, que controla el Puerto de Santos paulista, uno de los mayores de América Latina.
Para este 2022, Brasil espera una inyección de 165.500 millones de reales (unos 34.915 millones de dólares) en la economía gracias a las privatizaciones de unos 50 activos, entre aeropuertos, carreteras, ferrocarriles, puertos y servicios de saneamiento.
