Lima, 26 abr (EFE).- Congresistas peruanos anunciaron que insistirán en la aprobación de una ley que este lunes fue observada por el Gobierno porque autorizaba a los afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a retirar hasta 4.575 dólares de sus aportes para la jubilación.
La iniciativa, que fue aprobada por el pleno del Congreso a fines de marzo pasado como medida excepcional para dar apoyo económico a los trabajadores ante la crisis generada por la pandemia, fue considerada inconstitucional por el Ejecutivo.
Tras conocerse esta decisión, los legisladores Ricardo Burga, del partido opositor Acción Popular (AP), y César Combina, de Alianza para el Progreso (APP), afirmaron en la emisora RPP que el Legislativo tendrá que ratificar la ley por insistencia.
APROBACIÓN EN PRÓXIMO PLENO
Al respecto, Burga lamentó que el gobierno del presidente Francisco Sagasti «haya esperado el último día para observar la ley de devolución de los fondos de AFP» y lo acusó de estar «gobernando de espaldas a la realidad y de espaldas al pueblo peruano».
«Lamentablemente, tendremos que ir por insistencia en la próxima sesión del pleno del Congreso que debe realizarse el primer jueves de mayo», remarcó.
Combina acotó, por su parte, que la Comisión de Economía del Congreso debería reunirse de inmediato con el Ministerio de Economía y Finanzas para «analizar la situación», ya que el Gobierno ha planteado una serie de observaciones a la norma.
«De lo contrario, debemos aprobarlo con insistencia», sostuvo, antes de indicar que en plena campaña hacia la segunda vuelta presidencial en Perú, que disputarán el próximo 6 de junio los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori, «es donde se tiene que dejar de lado las posiciones radicales y políticas para tomar la mejor decisión para salvaguardar a cada uno de los afiliados».
LA POSICIÓN DEL GOBIERNO
En el documento enviado al Congreso por Sagasti y su primera ministra, Violeta Bermúdez, se señaló que la ley «en los términos en los que ha sido aprobada, vulnera el derecho a la seguridad social y el sistema privado de pensiones, en tanto la misma vacía de contenido las protecciones que dicho derecho prescribe, lo cual conlleva a su inconstitucionalidad».
El Gobierno sugirió, por ese motivo, que accedan al retiro quienes no registren aportes por al menos tres meses consecutivos hasta el 30 de abril de este año, y planteó eliminar la disposición que iba a facultar a los mayores de 40 años que no hayan aportado en 5 años consecutivos a acceder al 100 % de los fondos.
También propuso que las retenciones judiciales aplicables de hasta un 30 % por demandas de alimentos no puedan ser retiradas ya que también las considera inconstitucionales.
En una rueda de prensa posterior, el ministro de la Producción, José Luis Chicoma, aseguró que la alternativa planteada por el Gobierno «pondera las urgentes necesidades de la economía de los ciudadanos, pero sin quitarles el derecho de contar con una pensión y evitando desnaturalizar el sistema privado de pensiones».
Según el Congreso, esta medida, la tercera que aprobó desde el año pasado sobre fondos de las AFP, busca beneficiar a unos seis millones de afiliados para aliviar la economía familiar afectada por la covid-19, que hasta el momento deja más de 1,7 millones de infectados y casi 60.000 fallecidos en el país.
