Sao Paulo, 8 feb (EFE).- El órgano antimonopolios de Brasil comienza este miércoles el análisis de la venta de la red móvil del grupo brasileño Oi a Telefónica, Claro y TIM, con la oposición de la Fiscalía, que ha planteado muchas dudas sobre la operación.
El Tribunal del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) juzgará a partir de las 10.00 hora local (13.00 GMT) una transacción que ya recibió luz verde por parte de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel, regulador) con algunas condiciones.
El negocio es de vital importancia para la supervivencia de Oi, en concurso de acreedores desde 2016 y que se ha visto obligada a emprender una profunda reestructuración para reducir sus deudas, que hoy llegan a casi 30.000 millones de reales (5.700 millones de dólares).
Ello incluyó la venta de activos, entre ellos su red móvil, que vendió en diciembre de 2020 por 16.500 millones de reales (unos 3.150 millones de dólares) a las subsidiarias brasileñas de la española Telefónica (Vivo), la mexicana América Móvil (Claro) y Telecom Italia (TIM).
Anatel dio su visto bueno el pasado 31 de enero, en una decisión recurrida por Copel Telecomunicaciones, una compañía regional, por una serie de errores de procedimiento en la votación y que podría obligar al órgano regulador a tener que volver a analizar el caso.
Más dudas está planteando entre los miembros del Tribunal del CADE, el órgano antimonopolios brasileño, que se encuentra dividido entre vetar o aprobar la operación y, en este último caso, bajo qué condiciones, según la prensa local.
La Fiscalía se ha mostrado contraria bajo el argumento de que vulnera las leyes de competencia, aunque en este tipo de juicios la opinión del procurador es apenas facultativa y no vinculante, por lo que no tiene un peso excesivo en el dictamen final, según especialistas del sector.
El Ministerio Público se pronunció a raíz de un recurso de Algar Telecom, otra operadora regional, que solicitó investigar el asunto por sospechas de ‘gun jumping’, es decir, por no comunicar una concentración a las autoridades pertinentes antes de ejecutarla.
Pero el principal punto de discusión es que, de aprobarse la compra, sostiene la Fiscalía, los tres operadores pasarán a controlar prácticamente todos los espectros de radiofrecuencia, que es por donde se transmiten la señal telefónica y de internet.
Oi ostenta alrededor del 16 % de la cuota de mercado de telefonía móvil en Brasil, por detrás precisamente de TIM (20,6 %), Claro (28 %) y Telefónica Brasil (33 %).
La concentración del sector en tres compañías podría impedir la entrada de nuevos actores en la industria y dificultaría la vida de las empresas que operan a nivel regional y que dependen de la infraestructura de las grandes firmas para prestar sus servicios, según el Ministerio Público.
Ese aspecto fue motivo de preocupación por parte de la Superintendencia General del CADE, que analiza las operaciones antes del Tribunal y que optó por recomendar la aprobación del negocio, aunque con algunas restricciones.
Entre ellas recomendó a los tres compradores una serie de compromisos, como la posibilidad de compartir redes de acceso y alquilar espectros a operadores más pequeños en determinados municipios, a fin de mitigar los impactos de esa posible concentración.
Por su parte, Telefónica Brasil defiende que la compra de los activos móviles de Oi siguió todos los procedimientos legales y recordó que se materializó a través de una subasta pública, supervisada por la Justicia.
Asimismo, asegura que la oferta fue realizada conjuntamente por las tres empresas, pero no en forma de consorcio, por lo que son tres adquisiciones independientes.
Por otro lado, el Tribunal del Cade también podría juzgar este miércoles otro procedimiento que afecta directamente a Oi, Claro y Telefónica Brasil, por sospechas de formar «consorcio» en licitaciones de órganos públicos y empresas estatales federales.
Ese caso se arrastra desde 2015, fue presentado por la entonces British Telecom Brasil, hoy denominada Sencinet Brasil, y el año pasado la Superintendencia General del CADE recomendó la condenación de las tres empresas, según recordó el diario Valor Económico.
