Managua, 3 feb (EFE).- Nicaragua está en riesgo de quedar aislada económica y financieramente tras la aprobación este miércoles de una una reforma a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, que según la banca privada haría que el país pase de la lista gris a la lista negra que impone el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), advirtió la patronal.
«Esta decisión del Gobierno, unilateral (y aprobada por la Asamblea Nacional, de mayoría sandinista), de tratar de obligar a los bancos a tomar medidas prohibidas por las entidades financieras internacionales, pone en riesgo al sistema financiero nacional, que puede desaparecer», dijo el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Corep), Michael Healy, en rueda de prensa.
Este miércoles, el Parlamento, de mayoría absoluta sandinista, aprobó una enmienda que prohíbe a la banca cerrar cuentas a los usuarios de manera unilateral o sin notificar la causa, lo que ha sido interpretado por los mismos legisladores como una medida para neutralizar las sanciones económicas que Estados Unidos y otros países han impuesto funcionarios del Gobierno por corrupción o violación de los derechos humanos.
Las sanciones internacionales han afectado a cerca de 30 empresas, funcionarios, allegados y familiares del presidente Daniel Ortega, entre estos su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, tres de sus hijos, además de su consuegro y director de la Policía, Francisco Díaz, y el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras.
ADVIERTEN LAVADO DE DINERO
La reforma «vendría a promover prácticas que incitarían el lavado de dinero y nos pondría en riesgo de pasar a la ‘lista negra’ del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)», señaló el Cosep en una declaración.
Healy agregó que los efectos serían mayores, ya que, al no cumplir con las reglas del sistema financiero internacional, «todos los bancos pueden perder su corresponsalías internacionales (…), también afecta a las exportaciones, importaciones, al sector comercio, turismo, tarjetas de crédito, los insumos de las industrias, daño a la agricultura, lavado de dinero».
La Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp) ya había advertido que dicha norma viola el derecho a la libre empresa, promueve el lavado de dinero, y expone a Nicaragua a quedarse fuera del sistema financiero global.
La Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin) se sumó a las críticas, y resaltó que la reforma «compromete la credibilidad de la actividad financiera del país, (causa) afectaciones directas en el empleo, las remesas, la inversión extranjera, restando competitividad al país y sumiéndolo aún más en la pobreza».
La economía de Nicaragua permanece en números rojos desde el estallido social contra Ortega en abril de 2018, que fue controlado con ataque armados del Gobierno que dejó cientos de muertos, presos o desaparecidos, miles de heridos, y decenas de miles en el exilio.
Dichas acciones llevaron a las sanciones contra un grupo de funcionarios nicaragüenses impuestas por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea.
