Panamá, 1 sep (EFE).- Panamá recibió un pedido de asistencia judicial de España sobre información bancaria de personas involucradas en los presuntos sobornos pagados por la constructora FCC, investigada por la Justicia española por los proyectos del metro y un gran hospital levantados en la capital panameña.
El procurador (fiscal) general, Eduardo Ulloa, ya recibió el pedido de «asistencia internacional con relación a un tema de información bancaria, y el Ministerio Público va a proceder con la ejecución de la misma», informó este martes a Efe un portavoz de la fiscalía.
De momento, ese es el único pedido de asistencia internacional que ha recibido Ulloa de parte de la Justicia española, que investiga presuntos sobornos por 82,7 millones de dólares pagados por FCC en Panamá para obtener los proyectos de la línea 1 y 2 del Metro y un gran hospital, ambos construidos en la capital panameña.
Fue la misma FCC, controlada desde 2016 por el magnate mexicano Carlos Slim, la que denunció los pagos ilegales.
La empresa presentó en mayo de 2019 dos escritos ante la Fiscalía española en los que denunciaba los acuerdos comerciales suscritos por sus filiales con el entramado de sociedades de Mauricio Cort, supuesto testaferro del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) y encarcelado en Panamá.
Esta estrategia «encubrió acuerdos para abonar pagos por presuntas corrupciones, para asegurarse la adjudicación de importantes contratos de infraestructura que se licitaban por los Gobiernos de Panamá, Salvador, Costa Rica y Nicaragua», citó textualmente el auto de imputación.
Las facturas incorporaban una descripción de servicios técnicos, de diseño urbanístico y arquitectónico o de estudio de impacto medioambiental, entre otros, «simulados», que nunca llegaron a realizarse en las obras investigadas: las líneas 1 y 2 del metro de Panamá y la Ciudad Hospitalaria de Clayton.
«Ninguno de estos servicios se prestó y sólo se facturaron para dar cobertura a los pagos de presunta corrupción por la adjudicación de los contratos de obra civil», señaló el informe de la Fiscalía Anticorrupción española, en el que explicó que FCC «no ha podido localizar ningún rastro de los trabajos encomendados y abonados a Cort» entre 2010 y 2014, cuyo importe ascendió a 82,7 millones de dólares.
FCC fue imputada por la Fiscalía española como persona jurídica por no activar ni aplicar protocolo anticorrupción alguno.
FCC ES INVESTIGADA EN PANAMÁ
En Panamá, la Fiscalía Especial Anticorrupción investiga desde 2017 a FCC por los proyectos Línea 1 y Línea 2 del Metro, que construyó en consorcio con Odebrecht, y la construcción de tres avenidas en la capital: Vía Brasil Tramo I y Tramo II, y la Domingo Díaz.
Por estos casos la Fiscalía ha pedido dos asistencias judiciales a Suiza, una a Costa Rica y otra a Países Bajos, todas estas sobre cuentas bancarias, y una a España, sobre declaraciones de un extrabajador de FCC.
El Parlamento de Panamá informó este martes de que ha citado para el próximo lunes a FCC para que respondan un cuestionario sobre el proyecto de la Ciudad Hospitalaria o Ciudad de la Salud, una obra de más de 554 millones de dólares que debió entregarse en 2015 pero que ahora alcanza un 65 % de avance.
El director de la Caja del Seguro Social (CSS), Enrique Lau, informó la semana pasada que FCC pidió la cancelación del contrato e ir a un arbitraje, un planteamiento que llegó después de haber exigido en julio 65 millones de dólares por concepto de «permanencia extendida», una cifra tildada de «inaceptable» y sin «sustento» por el presidente panameño, Laurentino Cortizo.
