Lima, 10 may (EFE).- El presidente de Perú, Pedro Castillo, apostó este martes por la negociación entre las partes para resolver el conflicto en la mina Las Bambas, productora del 2 % del cobre a nivel mundial, y prometió corregir decisiones del Gobierno criticadas en la mesa de diálogo entre las comunidades y la empresa china MMG.
«El problema minero de Andahuaylas (en la región Apurímac) se tiene que tratar y se tiene que solucionar de la forma más correcta, en el marco del diálogo y esperamos que a nuestro retorno (a Lima) se tomen las medidas correctivas», declaró Castillo durante una visita de trabajo a la región donde se ubica el yacimiento de cobre.
Este martes, la Presidencia del Consejo de Ministros instaló la mesa de diálogo entre las comunidades de Apurímac, que rechazan la actividad de la minera, y la compañía, pero los dirigentes y autoridades locales se quejaron de que no hayan acudido los ministros del sector, ni el primer ministro, Aníbal Torres.
El gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón, le dijo a Castillo que ordene al primer ministro que acuda a la mesa de diálogo de Las Bambas porque consideran su ausencia como una «burla» a su región y le pidió «no espantar» la inversión minera en el país, durante su participación junto al mandatario en una visita oficial en esa jurisdicción
«Cada día que pasa, Apurímac pierde 10 millones de soles (2,6 millones de dólares)», dijo la autoridad regional sobre la paralización de actividades en Las Bambas, a raíz de las protestas de las comunidades vecinas.
Ante esos reclamos, Castillo respondió a Lantarón que va a «corregir inmediatamente» la participación del Ejecutivo para que el problema de Las Bambas se resuelva.
Los pobladores de las comunidades de Fuerabamba y Huancuire ingresaron en terrenos de Las Bambas el pasado 14 de abril como protesta ante supuestos compromisos incumplidos por la minera desde 2014, cuando vendieron sus tierras a la empresa.
La ocupación de los terrenos de la mina provocó que la empresa suspendiera sus operaciones y el Gobierno peruano declaró el estado de emergencia en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, en la provincia de Cotabambas, región Apurímac, por 30 días para que la Policía Nacional asuma el control de la zona con apoyo de las Fuerzas Armadas.
Esta declaración de emergencia se hizo horas antes de proceder al desalojo de los manifestantes, que terminó con al menos 14 heridos, debido al uso de gases lacrimógenos y el enfrentamiento con la Policía Nacional y personal de seguridad.
A pesar de ello, el Gobierno peruano negó haber intervenido en el desalojo y afirmó que la Policía Nacional actuó directamente «en el marco de la ejecución de una ‘defensa posesoria extrajudicial’ tramitada por la empresa» y que se encuentra «regulada en el Código Civil».
