México, 7 mar (EFE).- El robo de gas y sus consecuencias han crecido a marchas forzadas en México, después de que en los últimos tres años se encontraran aproximadamente el 60 % de las tomas clandestinas descubiertas a lo largo de los últimos 20 años.
«En el 2018 hubo 12.581 tomas clandestinas, en el 2019 hubo 13.136 y en 2020 subieron a más de 23.000 tomas clandestinas», lamentó en entrevista con Efe el presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas), Carlos Serrano.
Serrano, quien calificó el asunto como un problema «gravísimo», recordó que el robo de gas licuado de petróleo costó en México el año pasado más de 30.000 millones de pesos (unos 1.410 millones de dólares).
«Los grupos armados se están adueñando de las rutas (de distribución) y están imponiendo condiciones que no benefician al consumidor final y que ponen en riesgo a la sociedad», denunció el presidente de Amexgas.
Los robos se inician en gaseoductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y en centros de almacenamiento y distribución de la petrolera pública «por temas de corrupción», precisó Juan, nombre ficticio del responsable de seguridad en una distribuidora de gas.
El hombre, quien prefirió guardar el anonimato por miedo a represalias del crimen organizado, detalló que la problemática se concentra en los estados del centro de México, principalmente en Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Ciudad de México, Estado de México y Guanajuato.
«En los estados en los que se dedican al robo de combustible, las principales afectaciones que tienen las empresas son el robo de unidades y de equipo que utilizan para distribuir el gas. Se roban pipas (camiones cisterna) y tanques portátiles de gas», reveló.
Sin embargo, el entrevistado puso el foco en el riesgo «de protección civil» que se da en las poblaciones cercanas a las tomas clandestinas de gas y en el transporte hacia los puntos de distribución final, donde la mayoría de consumidores últimos de gas robado desconocen su procedencia.
La «figura clave» para hacer llegar este combustible hurtado a hogares y negocios es el comisionista, es decir, personas que controlan un número de camiones y rutas y la cantidad de gas que se vende en ellas.
«Normalmente le comprarían a empresas legalmente establecidas», explicó el responsable de seguridad, pero el gas clandestino puede ser más barato y los comisionistas, que no tienen por qué estar establecidos legalmente, aprovechan la oportunidad de hacer dinero.
Además, indicó el entrevistado, hay «grupos de choque» que extorsionan a los distribuidores de gas a cambio de protección en su zona.
Una vez que el crimen organizado se hace con el control de una región, explicó, imponen sus condiciones a todos los eslabones de la cadena de suministro, incluido el cliente.
«Afectan al usuario final, que es el ama de casa, el hostelero, el tortillero o el panadero. Obligan a comprar cierta cantidad de gas mensual de algunas marcas y a un cierto precio, incluso por encima del costo comercialmente viable», aseveró.
Un responsable jurídico de otra empresa del sector que también pidió guardar su anonimato, aseguró que hay «una violación flagrante en todo lo que se refiere a sancionar y prevenir delitos de robos de hidrocarburos».
El letrado dijo que no se está implementando una estrategia de carácter legal «por parte de las autoridades administrativas», que son en este caso la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).
«A día de hoy, no tenemos conocimiento de ninguna carpeta de investigación que se haya iniciado en virtud de estos delitos, cuando se cometen en total flagrancia y denuncia de entes como Pemex», reclamó.
