Ciudad de Panamá, 24 nov (EFE).- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá no admitió una advertencia de ilegalidad interpuesta por la Constructora Norberto Odebrecht (CNO) contra el Aeropuerto de Tocumen, el principal del país, por el proyecto de ampliación de la terminal cuyo contrato de más de 900 millones de dólares le rescindió por «incumplimiento».
La Sala Tercera de la CSJ respondió que «no es posible darle curso a la advertencia de ilegalidad presentada, conforme a lo establecido» en la ley, informó este miércoles el Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A. (Aitsa) a través de sus redes sociales.
La administración del principal aeropuerto de Panamá y un importante centro regional de conexiones dijo además que el pasado 8 de noviembre el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas de Panamá rechazó el «incidente de previo y especial pronunciamiento (nulidad)» presentado por la constructora contra el «escrito de descargos» expuesto por Tocumen dentro del recurso de apelación.
El Aitsa informó en septiembre que había «rescindido el contrato» del proyecto de ampliación de la terminal a CNO «por incumplimiento» y que, por efectos de esa resolución, la empresa quedaba inhabilitada en Panamá «en cumplimiento de la Ley 22 de 2006, que regula la contratación pública».
La constructora brasileña, epicentro de un gran escándalo continental, respondió en un comunicado que no había incumplido el contrato, que la nueva Terminal 2 (T2) presentaba «un avance del 99,9 % y está operando», y que el «Aitsa mantiene un retraso en los pagos debidos a CNO, impactando de forma directa la ejecución de la obra», alegato este último negado por Tocumen.
La nueva T2 de Tocumen, un edificio de 116.000 metros cuadrados que amplía la capacidad de admisión de pasajeros del aeropuerto de 12 a 25 millones anuales, se comenzó a construir en 2013 y debía estar lista a finales de 2017, pero su entrega se ha ido postergando con la firma de adendas pactadas por el contratista y el Estado.
Odebrecht se adjudicó la obra en una licitación en el 2012 en la que ofreció el precio más bajo, 679 millones de dólares, pero la obra ya superó los 900 millones de dólares, de acuerdo con la información oficial.
La constructora admitió en 2016 ante las autoridades de EE.UU. haber pagado millones en sobornos en una docena de países, casi todos en Latinoamérica, por lo que se le impuso una multa de 2.600 millones de dólares.
En Panamá, la empresa y la Fiscalía firmaron en julio de 2017 un acuerdo mediante el cual la compañía se comprometió a pagar en un plazo de 12 años una multa de 220 millones de dólares al Estado.
