Ica (Perú), 5 dic (EFE).- Con unas condiciones de otra era, los peones de la agroindustria peruana, cultivadores de preciados productos en el mercado global, laboran bajo el régimen «esclavista» de las empresas exportadoras que, con exoneraciones tributarias, han multiplicado por diez sus ingresos en los últimos 20 años.
Soledad (nombre ficticio) vive con su esposo y sus dos hijos en Santa Cruz de Villacurí, una humilde región conocida popularmente como «Barrio Chino», localizada a unos 30 kilómetros de la ciudad sureña peruana de Ica, que abriga a decenas de familias de agricultores.
«Nos levantamos a las 3 de la mañana para hacer el desayuno y poder alcanzar asiento en el carro que nos lleva hasta el fundo (hacienda). Entramos a trabajar a las 6 hasta las 13.30. No vamos al baño, no tomamos agua, sin comer, sin nada». Y todo, por menos de 40 soles (11,2 dólares) diarios.
En las casi dos décadas que hace que vive en el «Barrio Chino», la mujer, de ahora 40 años, acumula una larga lista de haciendas de la región en las que ha trabajado en el cultivo frutas y hortalizas de alta demanda en los mercados europeo y estadounidense, como uvas, espárragos, alcachofas y arándanos.
TEMPORALIDAD
Según las estadísticas de los expertos, más del 90 % de los contratos en el sector agroexportador peruano son temporales, lo que se traduce como un abuso para los aproximadamente 300.000 jornaleros que trabajan de forma estacional, sin derecho a gratificaciones, vacaciones ni seguro médico.
«En un fundo nos quedamos un mes, nos despiden, luego volvemos, dos meses, tres meses… No completamos ni medio año», lamentó Soledad a Efe.
Más allá de la temporalidad laboral, muchos agricultores denuncian también el «maltrato» recibido por parte de los empleadores.
«Nos dicen que si botamos un racimo, estamos despedidos», pues «hacemos un esfuerzo para no botarlos» o para «esconderlos donde sea» pero un día «se me pasó uno y justo lo vio el encargado, que me dijo: ‘a tu casa’. Eran las 11 de a mañana y, por aquel día, gané 5 soles (1,4 dólares)», recuerda.
«Los caporales (capataces) son malos, el trato parece de esclavitud, no es humano», espetó a Efe Elida, una joven de 21 años que, desde los 15, combina los estudios con el trabajo en el campo para complementar la renta de sus padres, ambos empleados de las exportadoras de la región de Ica.
«El sueldo de mis papás no nos alcanza para sobrevivir. Vivimos aquí como mendigos, prácticamente; nuestras casas son puras chozas, encima del cerro», dijo la joven, mientras señalaba con los dedos las chabolas que, desde lejos, rompían la homogeneidad del árido desierto.
NEGOCIO PUJANTE Y ABUSIVO
Con el afán de lograr mejores condiciones laborales, miles de agricultores irrumpieron esta semana en el debate público con los crudos relatos de su labor.
Durante cinco días, una espontánea protesta campesina paralizó la circulación en la carretera Panamericana Sur, el principal eje de transporte del país, con la unánime intención de exigir la derogación de la Ley de Promoción Agraria, considerada la responsable de este régimen «de explotación».
Y lo lograron. La evidente disparidad entre sus salarios de hambre y los beneficios de las agroindustrias forzaron al muy cuestionado Congreso peruano a votar de urgencia la derogación de la ley, para alegría de los jornaleros.
Ahora queda ver qué nueva ley acogerá sus demandas.
La norma derogada, aprobada el año 2000, en los últimos meses del Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), se diseñó para ser temporal pero fue prorrogada en 2008 y luego en 2019, durante la Administración del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), hasta finales de 2031.
Bajo el argumento de promover la agroexportación en Perú, esta ley permitía a las agroexportadoras reducir del 9 % al 4 % su contribución al sistema de salud y del 30 % al 15 % el impuesto de renta.
La norma ha resultado efectiva para el negocio, que ha multiplicado sus ingresos de apenas unos cientos de millones de dólares en 2000 a cerca de 6.000 millones en la actualidad.
El crecimiento del sector también coincidió con la aprobación de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga (ATPDEA), así como el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y la Unión Europea, dos mercados que concentran el 90 % del total del valor exportado.
AVANZA EL SECTOR PERO NO EL AGRICULTOR
Sin embargo, el crecimiento exponencial de esa actividad no se tradujo en un avance en los salarios y las condiciones laborales de los agricultores, que se han mantenido estancados.
«Perú sigue incumpliendo sistemáticamente cláusulas básicas del TLC, como respetar los derechos laborales de la mano de obra», criticó en una entrevista con Efe el economista agrario e investigador Eduardo Zegarra.
Los sueldos están «totalmente anclados a la remuneración mínima vital, que ni cubre la mitad de la canasta básica» y existe un «abuso de contratos temporales» que «desprotegen» al empleado al dejarlo sin derecho a un seguro de desempleo, gratificaciones o vacaciones.
De acuerdo con Zegarra, la ley establece un espacio «de sobreexplotación indecente», un régimen laboral «absolutamente retrógrado» y «esclavista» que, tal y como hizo el Congreso, «debe ser derogado inmediatamente».
A los ojos de los agricultores, un salario justo rondaría los 60 soles diarios (16,8 dólares), un cifra por encima de los 39,19 soles (11,1 dólares) que establecía la ley.
Además, «hay que restituir el pago del 9 % del seguro de salud y quizás escalonar la eliminación de la exoneración tributaria», insistió Zegarra.
A todo esto se suma la gran informalidad del sector, muy marcada por la contratación a través de empresas de trabajo temporal, conocidas como «services», que reclutan brigadas improvisadas de mano de obra y se quedan con un elevado porcentaje de su salario.
De hecho, la inmensa mayoría de los jornaleros trabajaban fuera de los márgenes de la ley y, probablemente, lo harán fuera de la próxima norma que los acoja.
El economista agrario tachó esta práctica de «un abuso tremendo» y acusó al Ministerio de Trabajo de estar «totalmente ausente» a nivel de fiscalización.
AGRIDULCE PROTESTA CAMPESINA
A raíz de las protestas de los agricultores, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo anunció ya el miércoles pasado una propuesta de proyecto de ley que incorporara los reclamos del sector.
Ese proyecto se debatirá en las próximas semanas y apunta a que «toda la parte laboral» que existía en la norma quedará definitivamente enterrada.
No está tan claro ahora qué pasará con los beneficios empresariales.
En cualquier caso, la alegría del movimiento campesino, tras cinco dias de manifestaciones y bloqueos fue inmediata. En el momento en que se produjo la derogación de la ley, las carreteras se liberaron y se recobró la normalidad.
Eso fue así incluso en la carretera Panamericana Norte, en la región de La Libertad, donde una confrontación con la Policía se saldó el jueves con la muerte de un joven manifestante.
Esa muerte incendió las redes sociales con críticas al actual y frágil Gobierno de Francisco Sagasti, a quien responsabilizan de este trágico episodio, ocurrido apenas tres semanas después del fallecimiento de dos jóvenes durante las marchas ciudadanas que derribaron al efímero Gobierno de Manuel Merino en el centro de Lima.
Carla Samon Ros
