Ciudad de México, 17 may (EFE).- Dos jueces mexicanos especializados en materia económica suspendieron este lunes, de forma indefinida, la polémica reforma a la Ley de Hidrocarburos acusada de ser «expropiatoria» porque permite tomar el control de instalaciones privadas.
«Se concede la suspensión definitiva», notificó Rodrigo de la Peza, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, ante un amparo promovido por la empresa Viga Express con el expediente 935/2021.
El juez De la Peza suspendió con efectos generales 5 artículos de la reforma de hidrocarburos, promulgada el 4 de mayo, que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador para privilegiar a Petróleos Mexicanos (Pemex) con el argumento de frenar el robo de combustibles de los privados.
La suspensión incluye el artículo 59 Bis, que permite a la Secretaría de Energía (Sener) del Gobierno y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) suspender permisos privados ante «un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional».
Juan Pablo Gómez Fierro, del Juzgado Segundo, no suspendió este artículo, pero sí coincidió con De la Peza en frenar el artículo 57, que permite a la autoridad «la ocupación temporal, la intervención o la suspensión» de instalaciones privadas «a fin de garantizar los intereses de la nación».
Las suspensiones, que estarán vigentes hasta que el Poder Judicial falle de fondo sobre su constitucionalidad, llegan después de que la semana pasada 3 compañías estadounidenses presentaron una solicitud de arbitraje internacional en contra de México por la reforma.
Las empresas han denunciado que la nueva legislación viola el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que reconoce la soberanía mexicana sobre el sector energético, pero pide respetar las inversiones y la libre competencia.
Desde la reforma energética de 2013, que abrió el sector a los privados, las compañías tienen un total de 41.449 millones de dólares en inversión aprobada por los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, según la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (AMEXHI).
Sin embargo, López Obrador emprendió reformas legales para contrarrestar lo que él considera el «saqueo» de Pemex.
Con esta nueva legislación, el Gobierno de México argumentó que combate los abusos de permisos, el contrabando de gasolinas y el robo de combustibles permitidos en el sexenio anterior.
El juez Gómez Fierro otorgó un plazo de 3 días a la Sener para que publique la suspensión de los artículos de la reforma.
