Río de Janeiro, 28 nov (EFE).- La Bahía de Guanabara, que baña Río de Janeiro, se convirtió en un cementerio de navíos abandonados, lo que amenaza el medioambiente y genera riesgos a la navegación y a las infraestructuras que la rodean.
Los barcos abandonados y las puntas metálicas del casco de navíos ya hundidos son visibles en diferentes áreas de esta bahía de 412 kilómetros cuadrados, que es mundialmente famosa por el cerro Pan de Azúcar que está en uno de sus extremos.
Pero la gravedad de la situación solo trascendió hace dos semanas, cuando uno de estos barcos de gran tamaño, que estaba a la deriva, chocó contra uno de los pilares del puente de 13 kilómetros que une las ciudades de Río y Niteroi.
El tránsito por el puente tuvo que ser inmediatamente interrumpido mientras se verificaba que no ocurrieron daños graves en esta infraestructura por la que transitan 15.000 personas por día, que cuenta con pilares de 72 metros de altura.
Desde entonces, diferentes órganos gubernamentales se han acusado mutuamente por la situación y algunos hasta alegan desconocer el problema, que la organización no gubernamental Baia Viva (Bahía Viva) denuncia hace al menos tres décadas.
«Se trata de una irresponsabilidad generalizada, ya que varios órganos públicos tienen responsabilidad en este pasivo y desafortunadamente se están omitiendo», afirmó en entrevista a EFE el director de Baia Viva, Sérgio Ricardo Verde Potiguara.
Ninguno de esos órganos sabe el número de embarcaciones abandonadas o parcialmente hundidas en la bahía ni los materiales que aún tienen en su interior, ni el riesgo de seguridad que ofrecen, como tampoco existe un plan para retirar esos navíos, denuncia.
«Solo después del choque contra el puente se supo que ese granelero aún tiene 50.000 litros de combustible en sus tanques pese a que está fondeado hacía seis años», afirmó el ecologista, quien dijo tratarse de una «tragedia anunciada» porque Baia Viva inspeccionó la embarcación en 2020 y ese mismo año alertó a las autoridades sobre el riesgo de que se soltara de sus amarras.
De acuerdo con Baia Viva, el único inventario parcial data de 2002, cuando se hizo un plan de gestión costera de la bahía y el Instituto Regional del Ambiente (INEA) identificó entre 200 y 250 embarcaciones abandonadas, de las que un 30 % es de madera, un material más susceptible a vertidos y accidentes.
La mayoría de tales embarcaciones está en el llamado Canal de Sao Lorenzo, en Niteroi, pero también hay decenas en el puerto de Río de Janeiro y en el entorno de la Ilha do Governador, la mayor isla de la bahía y en la que está el aeropuerto internacional de Río.
De acuerdo con Sergio Ricardo, muchas embarcaciones están vertiendo hace décadas materiales tóxicos que afectan especies ya amenazadas, como el delfín costero (símbolo de Río), la tortuga marina y el caballo marino, y que amenazan la calidad del pescado.
Igualmente es una amenaza socioeconómica ya que empobrece a las comunidades de pescadores y perjudica la navegación y a la industria pesquera y petrolera.
«El abandono del Terminal Pesquero Público de Niteroi es todo un escándalo. Se trata de una infraestructura demandada por mucho tiempo por los pescadores y que fue inaugurada en 2013 tras inversiones por 10 millones de reales (unos 2 millones de dólares) pero que nunca funcionó porque los barcos no pueden acceder al Canal de Sao Lorenzo por el cementerio de navíos», denunció.
Según Baia Viva, la remoción de navíos antiguos está prevista por un tratado internacional y por una ley brasileña y es una responsabilidad compartida por la Capitanía de Puertos, un órgano de la Marina; el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y el INEA.
«Los tres deberían actuar en conjunto pero no lo hacen porque consideran que la responsabilidad es del otro», afirma.
Según Sergio Ricardo, los propietarios también son responsables pero en la mayoría de los casos es imposible identificarlos porque son empresas o astilleros que quebraron.
Agregó que, ante tantas omisiones, Baia Viva presentará en conjunto con el Ministerio Público una demanda ante la Justicia exigiendo que los tres órganos responsables adopten medidas inmediatas; realicen un inventario y elaboren un plan concreto, con metas, para desmontar el cementerio.
Carlos A. Moreno
