Lima, 15 jul (EFE).- La conflictividad vinculada a la minería persiste en Perú en plena pandemia de la COVID-19, que hasta el momento ha infectado a cerca de 3.000 trabajadores del sector y pone en riesgo a las poblaciones cercanas, alertó el primer informe del 26 Observatorio de Conflictos Mineros en el país andino.
Este reporte, que ha sido elaborado por las organizaciones CooperAcción, Fedepaz y Grufides, ofrece información y analiza los principales conflictos vinculados con la actividad minera durante el primer semestre de este año.
«El Observatorio hace un análisis de lo que viene pasando en los diferentes territorios con actividades extractivas, sobre todo la minería, en un contexto inédito: el de la pandemia», destacó a Efe el exviceministro de Gestión Ambiental José de Echave, directivo e investigador CooperAcción.
En ese sentido, el documento remarca que en medio de la estricta cuarentena de más de cien días que afrontó Perú hasta el pasado 30 de junio, el Ejecutivo facilitó la actividad minera «sin proteger adecuadamente a los trabajadores y a las poblaciones locales».
Añadió que hubo «presión del sector privado» para que la actividad minera no se detuviera y para que los protocolos sanitarios fueran «más flexibles», lo que llevó a los miles de casos positivos de la COVID-19, reconocidos por la ahora exministra de Energía y Minas Susana Vilca, quien este miércoles fue reemplazada por el economista Rafael Belaunde Llosa.
ACTORES CONTRA LA PANDEMIA
De Echave, quien fue investigador de CooperAcción en el marco de este informe, agregó a Efe que han identificado que «muchos de los actores que estaban jugando un papel importante en los conflictos previos a la pandemia han comenzado a jugar un rol también muy significativo» frente a la amenaza del virus.
Eso se ha expresado, agregó, en el control territorial que cumplen las rondas campesinas (comités de vigilancia) en la región norteña de Cajamarca y los pueblos Awajun en la Amazonía frente al avance de la minería informal «que en el actual contexto también tiene un proceso de provocar la transmisión de la enfermedad».
«Esos actores, que antes eran muy activos en relación a la minería, ahora han estado desarrollando una labor muy importante de defensa de sus territorios», sostuvo en referencia al impacto de la COVID-19 en Perú, el quinto país del mundo, y el segundo de Latinoamérica, con más contagiados.
CONFLICTOS LATENTES Y ACTIVOS
El informe del 26 Observatorio de Conflictos Mineros señaló que, a pesar de que el estado de emergencia nacional vigente desde marzo pasado se mantiene, varios de los conflictos vinculados con la minería se encuentran «en estado de latencia» y otros activos.
Entre estos figura el proyecto cuprífero Tía María, en la región sureña de Arequipa, donde,indicó, la empresa Southern «ha reactivado su campaña para retomar» la actividad, lo que motivó a la población del cercano Valle de Tambo, que considera que esa obra contaminará sus tierras, a organizar protestas en rechazo.
Además, organizaciones sociales y comunidades campesinas de la zona del llamado «Corredor minero del Sur» denunciaron una «excesiva presencia» de camiones que trasladan minerales para la empresa minera Las Bambas, en la región Apurímac, lo que consideran que expone a los trabajadores y a las comunidades vecinas a posibles contagios de la COVID-19.
TRABAJADORES CONTAGIADOS
De Echave añadió que se ha detectado la «preocupación que existe en los territorios por el crecimiento del número de casos positivos en los trabajadores mineros».
«La semana pasada la exministra de Energía y Minas reconocía que en la minería ya había casi 3.000 casos positivos; entonces, eso abre también un tema de tensión social, en primer lugar, para los trabajadores mineros, por lo que significa el contagio y la falta aparente de rigor de los protocolos que se están implementado», indicó.
El experto remarcó que este problema no solo afecta a Perú porque, según dijo, en el mundo ya se han paralizado casi 250 operaciones mineras y en países vecinos como Chile «la minería está reducida casi a la mitad, porque los trabajadores mineros se niegan a trabajar porque el número de fallecidos ha aumentado».
«Eso también puede tener un impacto en las propias comunidades y poblaciones vecinas», alertó antes de agregar que esto genera «un tema de fuerte tensión social».
PELIGRO AMBIENTAL
En sus conclusiones, el Observatorio también aseguró que en medio de la pandemia se han aprobado «nuevas normas en materia ambiental que no deben pasar desapercibidas y deben ser evaluadas», como un decreto que busca la reactivación de proyectos de inversión, a los que ahora se pueden exonerar de multas aplicadas por los organismos de supervisión ambiental.
Además, también libera de la presentación de monitoreos de calidad ambiental y otros informes durante la emergencia sanitaria, así como de la obligación de recoger información para la elaboración de la línea de base de los instrumentos de gestión ambiental.
«Esto es muy preocupante porque, debido a que el Estudio de Impacto Ambiental debe hacer predicciones de impactos y, en función de ello, establecer medidas para evitarlos o minimizarlos, realizar predicciones con mayor certeza requiere de información de calidad, completa y actualizada», sostiene el estudio.
Al respecto, De Echave acotó que preocupa «la reducción de estándares sociales y ambientales, y de la presencia de los organismos del Estado que tienen que controlar, regular, fiscalizar a la minería en los territorios».
El primer informe semestral del 26 Observatorio de Conflictos Mineros fue presentado este miércoles por internet con la participación de la congresista Rocío Silva, el representante de la Defensoría del Pueblo Rolando Luque, el exviceministro de Minas Miguel Inchaústegui y el abogado de la Fundacion Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz) David Velazco.
David Blanco Bonilla
