Río de Janeiro, 18 sep (EFE).- La Procuraduría General de la República presentó este viernes un recurso ante la Corte Suprema en el que pide la eliminación de los salarios vitalicios, pensiones y otros beneficios que los Gobiernos regionales de los 27 estados de Brasil le conceden a exgobernadores y a algunos de sus familiares.
El procurador general de la República, Augusto Aras, alegó en su petición ante el Supremo Tribunal Federal (STF) que este tipo de pago es inconstitucional y lesivo para las cuentas públicas.
Aras le pidió a la máxima corte que se pronuncie de forma cautelar sobre estos pagos y los declare inconstitucionales debido a que las gobernaciones se niegan a extinguirlos con el argumento de que no existe una legislación nacional que los regule y que están previstos en leyes regionales.
En su petición, la Fiscalía presentó una lista de beneficios concedidos por 18 de los 27 estados brasileños, entre pensiones especiales y salarios vitalicios, que los gobiernos regionales otorgan a exgobernadores y a sus dependientes, y que le cuestan al Estado 23 millones de reales (unos 4,3 millones de dólares) al año.
La Procuraduría cita una norma del estado de Sergipe que concede pensión vitalicia a las viudas de los exgobernadores por un valor equivalente al 70 % del salario recibido por el gobernador en ejercicio.
Las legislaciones de varios estados brasileños prevén el pago de salarios vitalicios a quienes hayan ocupado el cargo de gobernador, independiente del tiempo en que hayan ejercido el mandato o si lo hicieron de forma interina.
Según la Procuraduría, con el argumento de que se trata de legislaciones regionales, la gobernación del estado de Paraíba se negó a obedecer hasta una orden de la Corte Suprema para que suspendiera los beneficios.
Otros estados, como Río de Janeiro, Minas Gerais y Amazonas, continúan pagando los salarios vitalicios pese a que las leyes que los preveían fueron revocadas debido a que, según sus asesorías jurídicas, los exgobernadores no pueden ser privados de un derecho que ya habían adquirido.
Según el procurador, este tipo de beneficio viola los principios republicanos y de igualdad y moralidad previstos en la Constitución, así como la norma constitucional que determina que es el Gobierno Federal de Brasil -y no los regionales- el que impone las reglas sobre jubilaciones y pensiones en el país.
De acuerdo con Aras, el principio republicano exige que, al final del ejercicio del cargo de gobernador, «sus ocupantes recuperen el estatus jurídico anterior, sin ningún privilegio».
«No hay, por lo tanto, un criterio razonable y proporcional capaz de legitimar el tratamiento privilegiado establecido en favor de exgobernadores», asegura la petición del Ministerio Público.
Es «inadmisible», agrega el documento, «la aprobación de leyes inmorales cuyo propósito es privilegiar algunos pocos individuos».
Aras agrega que la reiterada práctica de actos que considera inconstitucionales «causa enormes pérdidas a los cofres públicos de los estados» en momentos en que varios sufren con enormes déficits fiscales y tienen dificultades para pagar sus cuentas.
La legislación brasileña también preveía el pago de un salario vitalicio a los ocupantes de la Presidencia de la República, pero ese beneficio fue eliminado en la Constitución de 1988.
