Montevideo, 24 mar (EFE).- Con «muy alto» acatamiento, la Coordinadora de Sindicatos de la petrolera estatal uruguaya ANCAP dio inicio este miércoles un paro general activo de 24 horas acordado por los trabajadores en rechazo de lo que consideran un «desmantelamiento» del ente con cierre de empresas.
El dirigente de la Unión Autónoma de Obreros y Empleados del Gas Alejandro Acosta dijo a Efe que la jornada de paro, votada en asamblea por los integrantes de los 12 sindicatos vinculados a la petrolera que forman la coordinadora, comenzó con un elevado nivel de acatamiento.
«El acatamiento al paro está siendo muy alto en las diferentes empresas que estamos vinculadas», apuntó Acosta, quien estimó que la movilización está siendo acompañada por unos 24.000 trabajadores.
Una de las principales medidas de la jornada de paro consiste además en reforzar la recolección de firmas contra 135 artículos de la norma conocida como Ley de Urgente Consideración (LUC), un paquete de más de 400 artículos aprobado a mediados de 2020 que fue el buque de campaña del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou.
En cinco mesas desplegadas en distintos puntos de la capital, los sindicatos comenzaron a recolectar firmas a las 10.00 horas (13.00 GMT) y, según detalló Acosta, mucha gente se acercó a los puestos para apoyar la derogación de los artículos, impulsada por la central sindical PIT-CNT junto al principal partido de oposición, el Frente Amplio (FA, izquierda).
Según detalló en un comunicado la Coordinadora de Sindicatos de ANCAP, el llamado a huelga está motivado por una «necesidad impostergable» de que el Gobierno atienda los reclamos de los trabajadores frente al anuncio del cierre de ciertas fábricas de la petrolera en lo que califican como un afán de privatizar el ente.
En concreto, los sindicatos piden que, entre otros, se dejen sin efecto anuncios que implicarían la privatización de la Planta de Portland de Paysandú (noroeste) y la reprivatización por 30 años de las distribuidoras de gas natural MontevideoGas y Conecta.
Asimismo, denuncian que el Gobierno está generando condiciones para «asfixiar económicamente» a ANCAP, postura que reafirman a partir de una declaración del presidente del ente, Alejandro Stipanicic, quien admitió que, como producto de la desinversión, la empresa pronto «no contará con dinero para pagar los embarques de petróleo».
