Buenos Aires, 8 feb (EFE).- Agrupaciones políticas opositoras de izquierda, así como organizaciones sociales y sindicales se manifestaron este martes en el centro de Buenos Aires en contra del acuerdo alcanzado entre el Gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar la deuda por más de 40.000 millones de dólares.
La movilización, con destino la Plaza de Mayo, frente a la sede del Poder Ejecutivo, fue convocada por rostros políticos como los diputados Myriam Bregman y Nicolás Del Caño, del Frente de Izquierda, formación opositora al Gobierno del peronista Alberto Fernández.
El Ejecutivo anunció a fines de enero pasado un principio de acuerdo alcanzado con el FMI para reestructurar el crédito otorgado en 2018, cuando aún gobernaba Mauricio Macri (2015-2019).
“Estos acuerdos siempre han terminado en ajuste, en desocupación y en enormes crisis sociales. Esta enorme plaza es para decirle no a eso, y agregamos una consigna muy importante: no más extractivismo para pagar la deuda”, expresó Bregman, en diálogo con Efe.
Las negociaciones con el Fondo se extendieron durante meses para poder alargar los plazos, ante la escasez de recursos y con fechas de pago a punto de vencer, ya que en marzo próximo Argentina deberá abonar 3.000 millones de dólares.
En medio de un complejo escenario económico, que el país arrastra desde hace cuatro años, el préstamo ascendía a 44.200 millones de dólares.
De ese total, y según el acuerdo original, el país suramericano tendría que devolver aún, entre capital e intereses, 19.020 millones de dólares en 2022, 19.270 millones en 2023 y 4.856 millones en 2024, condiciones que el Ejecutivo reiteraba que no podía afrontar, y por lo que buscaba llegar a un nuevo programa con el FMI.
“Decimos que es el Gobierno el que tiene que explicar por qué esta vez será diferente. Nosotros nos vamos a seguir manifestando para que el ajuste no lo paguen las mayorías populares”, agregó la diputada nacional.
Por su parte, la referente nacional del Movimiento Socialista de los Trabajadores, Celeste Ferro, le dijo a Efe que “convalidar la estafa macrista no es la salida y hay que romper con el Fondo. No pagar esa deuda y destinar esos miles de millones a resolver los problemas estructurales de nuestro país».
«Por más que lo pinten como el mejor acuerdo, crecer para pagar es: más ajuste, extractivismo, más precarización y por eso, hay que enfrentarlo en la calle», indicó.
“ACUERDO A COSTAS DEL PUEBLO”
Tras el anuncio con el FMI, el propio ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, había indicado que no implicaría ningún tipo de ajuste, ya que conllevaría a una “reasignación de recursos del Estado”.
En el que se incluye un “programa de facilidades extendidas” durante dos años y medio, con un paquete de medidas económicas que incluye la “reducción gradual” del déficit fiscal primario, que pasaría a representar un 2,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2022, un 1,9 % en 2023 y otro 0,9 % en 2024.
Para financiar el déficit fiscal sin recurrir a la emisión monetaria, Guzmán sugirió que el Ejecutivo mantenga su estrategia de acudir al mercado local para obtener deuda en pesos argentinos.
En este sentido, Del Caño afirmó, al convocar la movilización, que se “toma nueva deuda para pagar la deuda ilegítima e ilegal de Macri. A costa de profundizar la dependencia del país con un 40 % de pobreza, salarios y jubilaciones mínimas de indigencia, precarización laboral e inflación”.
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), el país cerró en 2021 con un 50,9 % de inflación y un 40,6 % de pobreza, donde el 10,7 % de la población vive en la indigencia.
«A pesar del relato de Guzmán, queda claro que el Fondo pudo imponer la mayoría de las condiciones que quería para la Argentina. Al pueblo le espera más devaluación, tarifazos y un ajuste mayor de las cuentas públicas. Lo vamos a rechazar en las calles y en el Congreso», sumó el diputado.
Quedará en manos del directorio del FMI y del Congreso argentino sellar el acuerdo para que entre en vigor.
Para ello, Alberto Fernández había pedido el apoyo de todos los legisladores, debido a que ni el oficialismo ni la oposición cuentan con mayoría absoluta.
El mandatario había asegurado que no se llegará a imponer un “déficit cero”, pero tampoco se relegará el gasto social y se respetarán los planes de inversión en ciencia y tecnología.
