Bogotá, 4 dic (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió la renuncia de la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, después de que se conociera que el canciller, Álvaro Leyva, la había reprochado con fuerza a la abogada del Estado.
Petro aseguró, en declaraciones a medios desde Dubai, donde participa en la COP28, que le pidió a Zamora que se apartara del cargo por distancias «sobre la manera como se ha llevado la defensa de la nación en varios temas» y porque quiere tomar una postura diferente sobre la forma de «defender el interés general de la sociedad colombiana».
La propia abogada ha confirmado que renunció esta mañana después de que el pasado viernes le pidieran hasta dos veces que renunciara: «No toleraré ningún cuestionamiento sobre mi trabajo», manifestó.
Esta renuncia se produce después de que el periodista Daniel Coronell revelara en la cadena W Radio que Leyva gritó a Zamora por la forma de resolver un conflicto con Thomas Greg & Sons, empresa contratista para la producción de pasaportes.
Según reveló el periodista la semana pasada, «el canciller Leyva se aproximó a la doctora Zamora cuando ella estaba en la antesala de la Secretaría Jurídica de la Presidencia y sin mediar palabra empezó a gritarla, manoteó, la señaló con el dedo, y vociferó».
La empresa, que desde hace 17 años fabrica los pasaportes colombianos, exige al Gobierno una indemnización de 25 millones de dólares y una conciliación luego de que la Cancillería declarara desierta una licitación a la cual fue la única que presentó propuesta.
Leyva le reprochó a Zamora que no estaba actuando como quería el presidente en el tema de los pasaportes, ya que considera que no se debe pagar la indemnización.
La polémica licitación
La decisión de declarar desierta la licitación se tomó después de que Thomas Greg & Sons fuera señalada por otras compañías que advirtieron que no existe libre competencia en la adjudicación del contrato de pasaportes, al que todavía le restaban tres años.
Al comienzo de la licitación se presentaron empresas grandes como la encargada de los documentos oficiales para Francia o Perú, pero todas se retiraron argumentando que no había garantías para competir por ese contrato.
Ante estas sospechas, la Cancillería decidió suspender el pasado 12 de septiembre la audiencia de adjudicación en la que se iba a definir si la licitación seguía en poder de Thomas Greg & Sons o si por el contrario se declaraba desierta por la falta de oferentes.
Petro insistió también hoy en que quiere «que exista una investigación penal», ya que consideró que la convocatoria incluía cláusulas que, en su opinión, «predeterminaban un posible ganador —a la postre pues hubo un solo oferente— y eso no podía ser, en mi Gobierno no se prefabrican licitaciones», subrayó.
«Cada vez que se llega a un solo proponente en una licitación no estoy de acuerdo», apuntó el mandatario, quien asegura que busca «que cada vez que haya una licitación, pues haya competencia y se pueda escoger lo mejor en calidad y en precio».
