San José, 15 feb (EFE).- Grupos sociales y sindicales de Costa Rica protestaron este lunes contra un acuerdo financiero del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pues consideran que perjudicará a los trabajadores públicos y las personas de clase media y baja.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), uno de los principales sindicatos del país, organizó un mitin frente al Banco Central para exigir información sobre la deuda pública y los acreedores, así como para expresar consignas en contra del acuerdo con el FMI por 1.750 millones de dólares.
El secretario general de la ANEP, Albino Vargas, dijo a Efe que el acuerdo con el FMI recarga la responsabilidad de la deuda pública y el déficit fiscal sobre las clases medias y bajas, y manifestó su rechazo a un proyecto de ley de Empleo Público que pretende reducir pluses y crear un salario global en el sector público.
El sindicalista afirmó que la población debe conocer el «obsceno pago de intereses» que existe en el país, así como los acreedores de la deuda, especialmente de la interna.
«Costa Rica está debiendo alrededor de 50.000 millones de dólares, gran parte de la cual es interna. Lo que más nos indigna y preocupa es que este gobierno y los anteriores prefieren cerrar programas sociales, debilitar la educación y la seguridad, por darle prioridad al pago de intereses de esa deuda», dijo.
Vargas aseguró que en Costa Rica se ha «criminalizado al sector público» y que las soluciones fiscales del Gobierno «han debilitado a las micro, pequeñas y medianas empresas, ha fomentado el desempleo».
El pasado 22 de enero el Gobierno de Costa Rica y el FMI alcanzaron un acuerdo a nivel técnico para un financiamiento por 1.750 millones de dólares, ante lo que el país centroamericano se comprometió a llevar adelante una serie de reformas legislativas y acciones que conduzcan a eliminar el déficit primario en el año 2023 y bajar la deuda al 50 % del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2035.
En 2020 el déficit cerró en el 8,1 % del PIB y el déficit primario (que excluye el pago de intereses) en el 3,4 % del PIB, mientras que la deuda se ubicó en el 67,5 % del PIB.
Entre los proyectos que impulsará el Gobierno se encuentra uno para aumentar el impuesto a las casas «de lujo», que son las que valen más de 250.000 dólares; la implementación de la renta global y un aporte de las empresas públicas del 30 % de sus utilidades.
Además, impulsará una ley que reforme el sistema de empleo púbico para crear un salario global y reducir las remuneraciones, especialmente los pluses salariales, además de otra iniciativa para eliminar exoneraciones fiscales.
El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, anunció el año pasado que acudiría al FMI en procura de asistencia financiera por 1.750 millones de dólares, como «parte de la solución» a los problemas que atraviesan las finanzas públicas.
Sectores políticos rechazaron esa iniciativa en septiembre de 2020 pues la consideraban demasiado cargada hacia nuevos impuestos, mientras en octubre sindicatos y grupos sociales protagonizaron 3 semanas de protestas que tuvieron episodios violentos.
El Gobierno descartó la propuesta de septiembre pasado y en diciembre de 2021, Alvarado anunció una nueva que fue la que se concretó con el FMI a nivel técnico.
