Quito, 20 jun (EFE).- Una persona falleció al caer a una quebrada cuando huía de la represión policial en el marco de las manifestaciones contra el Gobierno del presidente Guillermo Lasso por la carestía de la vida, denunció este lunes la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos.
De acuerdo a la Alianza, el hecho ocurrió en la madrugada en el sector de Collas, en el noreste de la capital ecuatoriana.
En una rueda de prensa, delegados de la Alianza indicaron que «debido a la fuerte represión por parte de policías y militares, cinco personas cayeron a una quebrada, una persona falleció y dos se encuentra en estado de gravedad».
María Morillo, del Frente Nacional Antiminero, relató que una avanzada de manifestantes, que buscaban llegar a Quito desde la provincia de Imbabura (norte), se encontró en Collas con represión policial con «bombas lacrimógenas y gas pimienta».
Fuentes cercanas a la Policía confirmaron a Efe que cayeron «a una quebrada tres manifestantes y uno de ellos murió, pero no es en enfrentamiento».
Según la Alianza, desde que comenzaron las manifestaciones el pasado lunes, se han registrado 61 personas heridas, cinco de ellas con daños oculares, y 18 con heridas graves.
Asimismo han quedado asentadas 86 detenciones, de acuerdo a la Alianza, que advierte que en esas cifras no están registradas las detenciones de personas «a las que les llevan varias horas por diversos lugares, las amedrentan, las obligan a hacer llamadas para amedrentar a su familia, y después las dejan tiradas en distintos sectores».
El ministro del Interior, Patricio Carrillo, informó este lunes de que 61 policías han resultado heridos de diferente condición durante las protestas.
Y sobre esto, la Alianza consideró que todas las vulneraciones de derechos ocurridas durante las manifestaciones son «responsabilidad del Estado».
EXIGENCIAS DE LA ALIANZA
La Alianza exigió al Gobierno una «investigación seria de los abusos estatales y de la violencia policial», y la derogatoria inmediata del decreto ejecutivo del pasado viernes, a través del cual se declaró estado de excepción en las provincias andinas de Cotopaxi, Imbabura y Pichincha, cuya capital es Quito.
De igual manera, brindar soluciones concretas e integrales para los diez puntos de la agenda que motivan las manifestaciones, como la disminución y congelación del precio de las gasolinas, entre otros.
Las manifestaciones se mantienen pese a que el viernes, Lasso decretó la subvención de un 50 % del precio de la urea, que se utiliza como fertilizante, así como condonar las deudas vencidas de hasta 3.000 dólares que tuviesen familias campesinas y la reducción de la tasa de interés del 10 % al 5 % para los créditos vigentes y el aumento del bono de desarrollo humano de 50 a 55 dólares.
Gary Espinosa, representante de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), pidió que se revisen los requisitos de los créditos y aseguró a Efe que «la ley de condonación de deudas a la Banca Pública está aprobada y es de hasta 10.000 dólares. Sin embargo él (Lasso) sale a decir que va a condonar hasta 3.000 dólares».
La Alianza demandó el «cese inmediato de la represión y de acciones de criminalización y uso abusivo del derecho penal contra colectivos y personas movilizadas y en resistencia».
A la Asamblea Nacional (Parlamento), le pidió revocar el decreto del estado de excepción y fiscalizar las actuaciones de los ministerios del Interior y de Defensa en relación con operativos de contención a la protesta social.
A la Corte Constitucional le pidió declarar la inconstitucionalidad del decreto ejecutivo en mención, así como establecer jurisprudencia «clara y contundente para evitar el abuso del uso de los estados de excepción como medida de represión a la protesta social».
La Alianza formuló un llamamiento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que requiera información al Estado sobre «los hechos de violación a derechos humanos ocurridos» en las manifestaciones.
