Montevideo, 27 ene (EFE).- La portabilidad numérica llegará a octubre a Uruguay, convirtiéndose así en el penúltimo país de Suramérica en aprobarla -solo Venezuela quedaría sin ella-, con el debate de fondo sobre si el Gobierno de Luis Lacalle Pou busca o no la privatización de la empresa estatal de telecomunicaciones Antel.
El país suramericano cuenta con el dominio en este sector de la empresa de telecomunicaciones estatal Antel, con unas 2,7 millones de líneas móviles, seguida por la española Movistar, con 1,6 millones de líneas, y la mexicano-brasileña Claro, con unas 962.000 líneas asignadas, según el informe de la Unidad Reguladora de Servicio de Comunicaciones (URSEC) de junio de 2020.
La portabilidad numérica fue uno de los casi 500 puntos incluidos y aprobados en la Ley de Urgente Consideración (LUC), buque insignia del Gobierno uruguayo para el período 2020-2025, y el pasado 19 de enero el Ejecutivo firmó el decreto para su puesta en marcha, por lo que desde octubre, las empresas quedan «obligadas» a prestar ese servicio y los usuarios podrán conservar su número telefónico si deciden cambiar de operador.
Las opiniones a favor y en contra, que van desde la defensa de la libertad y poder de decisión para los usuarios a la afirmación de que con esta medida el país «entrega su soberanía» a las empresas trasnacionales, se han multiplicado desde ese día.
LO BUENO
Para la presidenta de la URSEC, Mercedes Aramendía, la portabilidad numérica es algo «bien positivo» para toda la sociedad uruguaya ya que, a su juicio, da a los usuarios más «libertad y derechos».
«También creo que es bueno, no solo para los usuarios, sino también para las empresas, porque es un desafío más. Sin duda les hace cuidar con más énfasis a sus clientes y procurar atenderlos y ver cuáles son las áreas donde están más fuertes o débiles», dice a Efe.
Aramendía explica que están trabajando desde septiembre pasado en el desarrollo de este decreto y, tras su aprobación por parte del Ejecutivo, el organismo trabaja junto a otras instituciones en los ajustes técnicos, como mejoras tecnológicas y el nombramiento de una empresa administradora de datos para todas las operadoras del país.
«Buscamos que las personas puedan negociar su derecho de la mejor forma y más amplia, pero, por otro lado, están los derechos de las empresas que tenemos que cuidar, en ese sentido, se establecieron determinados procedimientos y reglas que buscamos que se respeten y cumplan», agrega.
La normativa permite a cada usuario un máximo de tres cambios de operadoras al año con una estancia mínima de uso en cada una de estas de 30 días.
CUIDAR A LOS CLIENTES
La libertad de poder cambiar de operadora permitirá a los usuarios poder elegir la que se ajuste más a sus necesidades y, en ese sentido, se abre una instancia de competencias entre las empresas para conservar a los clientes con la calidad de sus servicios.
En ese contexto, el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, declara a Efe que este decreto genera una «mayor presión» competitiva sobre los distintos operadores que van «seguramente» a definir estrategias para atender los distintos segmentos del mercado.
«Al final del día, lo que se procura es por parte del Gobierno, precisamente, que los clientes tengan esta mayor flexibilidad y libertad para elegir. Todo eso siempre redunda en un beneficio para el cliente y mayor presión para las empresas para mejorarse, ser más eficientes y ofrecer mejores y más baratos servicios», apunta.
Gurméndez insiste en que cuando se introducen «factores de mayor competencia» en los mercados se termina favoreciendo a las empresas que encuentren mejor la forma de satisfacer a sus clientes.
Fuentes de la empresa española Movistar señalan a Efe que están a favor del decreto de portabilidad numérica y de «todo aquello» que potencie la industria y brinde más opciones a los consumidores.
«Valoramos especialmente que en el proceso de elaboración del reglamento se haya dado participación y consultado a distintos actores -entre ellos los operadores-, con lo cual el texto finalmente aprobado se ha enriquecido con las distintas visiones compartidas», apuntan.
LO MALO
Para el Sindicato Único de Telecomunicaciones (SUTEL) la puesta en marcha de este decreto en octubre no es «el momento más oportuno» para meterse en un «emprendimiento» que «no va a beneficiar» a los uruguayos ni al país.
Así lo asegura a Efe su presidente, Gabriel Molina, quien añade que las políticas que el actual Gobierno lleva adelante con las empresas públicas «difieren totalmente» del peso que tienen hoy en el país.
«Antel va a hacer un gasto que anda superando los tres millones de dólares para eso hoy innecesario, innecesario, y, a su vez, van a terminar equiparando a Antel con las empresas que compiten, que son multinacionales, que han venido al Uruguay a quedarse con la soberanía de los países», asevera.
Asimismo, subraya que no es necesaria la aplicación de este decreto para brindar mayor libertad a los usuarios ya que, «hoy por hoy» los uruguayos eligen dónde quieren estar y no existe obligación y cada persona firma un contrato por un año con la empresa que quiere estar.
«Están haciendo todo lo posible para debilitar la imagen de Antel y promover la privatización de otra forma mucho más inteligente, prolija, simpática, planteando que esto es democrático y les va a servir a los uruguayos a la hora de decidir en dónde quieren estar. Pero lo que esconden es que la quieren privatizar», concluye.
Con la suma de Uruguay, los países que poseen la portabilidad numérica en América Latina son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Raúl Martínez
