Fernando de la Mora (Paraguay), 29 abr (EFE).- Los campesinos en Paraguay señalan la tierra como el reclamo ancestral y más urgente por atender para el futuro presidente que saldrá este domingo de las urnas, en una contienda electoral que tiene como sus principales protagonistas al oficialista Santiago Peña y al liberal Efraín Alegre.
En una entrevista con EFE, Arnaldo Ayala, dirigente de la Federación Nacional Campesina (FNC), dijo que el campesinado, por primera vez en su historia de lucha, competirá en estos comicios con un candidato a senador, aspirantes a diputados nacionales por los departamentos de San Pedro, Caaguazú, Paraguarí y Central y concejalías en 10 de los 17 departamentos del país.
Al Senado, respaldado por la lista de la alianza de izquierda Frente Guasu-Ñemongeta (AFGÑ), se postula el secretario general del Partido Paraguay Pyahura, Ermo Rodríguez.
También por primera vez la FNC decidió respaldar a una dupla presidencial, la conformada por Alegre y la exministra Soledad Núñez, al tiempo que reclaman «derrotar electoralmente a la cúpula mafiosa del (gobernante) Partido Colorado».
«En Paraguay, el problema principal es el problema de la tierra», declaró Ayala, para quien la lucha por ese recurso data de 1870, cuando concluyó la guerra de la Triple Alianza, que enfrentó a Paraguay contra Argentina, Brasil y Uruguay.
Paraguay fue el derrotado en esa contienda, con la muerte de cerca de 300.000 de sus habitantes, lo que diezmó la población del país en dos terceras partes, según los cálculos de los historiadores.
«Derrotado un Gobierno independiente soberano, lo primero que se entregó a manos extranjera es la tierra. Entonces, a partir de ahí, nuestro pueblo, sobre todo el campesinado, pueblo indígena, se queda excluido de ese recurso», afirmó.
Lamentó que los sucesivos Gobiernos de turno enajenaron y entregaron la tierra a manos extranjeras.
Para Ayala, quien ya cumple alrededor de dos décadas de lucha campesina, en este país «se disputan dos modelos»: por un lado, la agroexportación con vastas extensiones de cultivos para abastecer al mundo, y, de otro, las siembras de campesinos e indígenas, que considera producen «alimentos sanos para el consumo familiar» y nacional.
Denunció, por ejemplo, las leyes y medidas legales para expulsar a los campesinos de sus asentamientos y a los indígenas de sus tierras ancestrales. Según dijo, unos 1.200 asentamientos han sido declarado ilegales.
En ese contexto, reclamó al futuro Gobierno, sin distinguir el color político, un «cambio muy concreto» que se exprese en que los que no tienen puedan tener.
«Tierra para los que no tienen tierra, políticas públicas para la producción nacional, viviendas para los sin techos, mercado (de alimentos) para los que no tienen mercado, crédito para la producción nacional», enumeró.
