El proyecto de ley que establece la pensión universal para las personas adultas mayores y dispone beneficios de acceso e inclusión, cuenta con media sanción luego de ser estudiado en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados.
La aprobación para dicha normativa fue unánime y el estudio en particular fue postergado por ocho días.
El objetivo del proyecto es alcanzar la universalidad del beneficio para los adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad y eliminar el mecanismo del censo que actualmente está a cargo de las municipalidades.
Por otro lado, destaca que la meta es incluir de forma anual a unos 30.000 nuevos adultos mayores, mínimamente, mediante la inscripción automática conforme a la ley, eliminando el censo de inscritos con el objetivo de la universalidad para los adultos mayores en condiciones vulnerables, a partir de los 65 años, priorizando a las personas de mayor edad.
En la oportunidad, la diputada Cristina Villalba, presidente de la comisión de presupuesto, fundamentó el dictamen favorable y agregó que los adultos mayores de los pueblos originarios accederán al beneficio a los 55 años; y las personas con discapacidad a partir de los 60 años.
Cabe resaltar además que se prevé la creación de un fondo universal de pensiones para los adultos mayores, a fin de incluir a 30.000 nuevos beneficiarios una vez iniciado el programa, que sería implementado de manera gradual y de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria.
Así mismo, este documento mantiene los criterios actuales para el otorgamiento de la pensión que se basan en no percibir remuneración del sector público o privado; no ser contribuyente del impuesto a la renta personal (IRP); no haber declarado ingresos superiores a dos salarios mínimos mensuales; no poseer más de 30 cabezas de ganado; entre otros.
En lo referente al monto de la pensión, se mantiene el 25% del salario mínimo legal vigente, con reajustes automáticos conforme a la variación del mismo.
Otros beneficios tenidos en cuenta en el proyecto son el medio pasaje en el transporte público urbano e interurbano, de corta, mediana y larga distancia nacional; el acceso preferencial a los bienes y servicios culturales, en formatos y condiciones asequibles; y la gratuidad o descuentos para el acceso a cines, espectáculos artísticos y culturales, así como deportivos.
La normativa quedó aprobada en general y el estudio en particular fue aplazado por una semana. La postergación del estudio “artículo por artículo”, se debe a que varios parlamentarios consideran oportunas ciertas modificaciones, especialmente en lo que hace a los requisitos para el acceso a la pensión.
Algunos diputados como Antonio Buzarquis; Raúl Benítez; y Rocío Vallejo solicitaron el aplazamiento de la iniciativa porque consideraron que existen ciertas “lagunas” que deben ser subsanadas.
