Las taxonomías verdes ofrecen a los actores del sector privado y público una herramienta para clasificar actividades, activos y/o proyectos de inversión que contribuyan al cumplimiento de objetivos climáticos, ambientales y de sostenibilidad, empleando criterios basados en la ciencia.
El uso de esta herramienta en el ámbito público tiene un gran potencial para aportar beneficios significativos en la formulación y análisis de políticas económicas y ambientales, sin embargo, su implementación sigue siendo limitada.
Algunos de los beneficios son permitir el establecimiento de una cartera de proyectos de inversión pública ambientalmente sostenibles y verificables, registrados en el banco de proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) aún, sin financiamiento disponible.
Esta cartera facilitará el acceso a créditos verdes en condiciones favorables o permitirá seleccionar proyectos elegibles para la emisión de bonos soberanos verdes u otros instrumentos financieros sostenibles, siempre que cumplan con los requisitos adicionales específicos necesarios.
En este marco, Paraguay cuenta con un instrumento presupuestario llamado Clasificador Finalidad Función (CFF), para fomentar el uso de la taxonomía verde en el sector público. No obstante, sólo permite identificar aquellos gastos que tendrían por propósito o finalidad principal la protección del medio ambiente o de gestión de recursos.
En el caso de la inversión pública, no solo es necesario identificar los proyectos con gasto asignado y en fase de ejecución, sino también, aquellos en fase de preinversión. Esta última etapa implica incorporar de manera transversal los criterios ambientales a la gestión de la inversión pública.
En este contexto, el MEF creó la Finalidad 7.00 Cambio Climático en el CFF para el ejercicio fiscal 2024, con la asistencia técnica del BID, para identificar, clasificar y cuantificar el gasto público en cambio climático. Con este avance se cubrieron dos de los siete objetivos ambientales de la taxonomía verde, correspondientes a mitigación y adaptación al cambio climático.
APLICACIÓN DE LA TAXONOMÍA VERDE AL GASTO E INVERSIÓN PÚBLICA
A partir de la aplicación manual del CFF, se llevó a cabo un ejercicio de identificación del gasto público ambiental, alineado a la taxonomía verde y basado en información de la Dirección General de Presupuesto del MEF y los programas presupuestarios 2024.
Como resultado de este ejercicio piloto de aplicación de la taxonomía verde al gasto público, se observa que el gasto ambiental vigente al 25 de julio de 2024 asciende a USD 293 millones, equivalente al 0,65% del PIB y al 1,83% del PGN.
Es importante destacar que este valor corresponde a un 61,4% de la estimación climática realizada previamente por el país. El restante 38,6% no fue cuantificado (USD 184 millones).
Del total del gasto ambiental identificado, el 37,0% se destinó a la mitigación del cambio climático, el 42,6% a la adaptación al cambio climático, el 11,2% al uso sostenible y protección de los recursos hídricos, 6,1% a la protección de la biodiversidad y ecosistemas, el 2,7% a la gestión del suelo y el 0,3% a la prevención y control de la contaminación.
Asimismo, se observa que el 50,1% del gasto ambiental corresponde a proyectos de inversión pública; el 43,0% está compuesto por actividades orientadas a la gestión institucional, el 3,9% a actividades que reflejan un proceso productivo o cadena de valor y el 2,9% a actividades administrativas.
A nivel sectorial, el 27,1% se destinó para el suministro y tratamiento de agua; el 20,3% fue para construcción; el 18,6% se destinó al sector energía; el 18,6% para el sector transporte; el 4,2% para agricultura, el 2,2% al sector forestal y el 0,3% a la ganadería.
De acuerdo con el documento de la taxonomía verde en Paraguay, son siete las instituciones públicas que concentran el 97,8% del gasto público ambiental. Casi el 60% es ejecutado por el MOPC, seguido por la ANDE con el 18,5%, y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social con el 6,5%.
Por su parte, el Ministerio de Agricultura y Ganadería concentra el 5,2%, mientras que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, un 3,8%; la Presidencia de la República tiene una participación del 3,1%, y el Instituto Forestal Nacional el 1,7%.
