La propuesta de conformación de al menos cinco nuevos municipios – en curso en el Congreso Nacional – despierta la alarma al interior de la administración económica del país.
Por un lado, esta iniciativa legislativa va en contramano a la senda de austeridad que se pretende implementar en los próximos años para recomponer las cuentas públicas, tras el fuerte endeudamiento que se debió realizar para contener los efectos económicos de la pandemia de COVID-19.
Por otra parte, la asignación de recursos no implicará gastos adicionales al Fisco, pero significará la redistribución de los fondos existentes hacia las estructuras burocráticas de los municipios creados, con lo cual disminuirá la capacidad de ejecución de obras de infraestructura y de mejoramiento de los servicios para la ciudadanía.
Esta fue la advertencia que emitió el ministro de Hacienda, Oscar Llamosas, en conversación con MarketData.
Se trata del tratamiento de los proyectos de ley de creación de los municipios de Boquerón (en el Departamento del mismo nombre), Nueva Asunción (en la actual Chaco´i), Itacuá (en el Departamento de Concepción), Colonia Gral. César Barrientos (en Paraguarí), y San José y Puerto Ybapobo (en San Pedro)
“Lo que va a ocurrir es que de esa torta que hoy se distribuía entre los más de 250 municipios, tanto de royalties como Fonacide (Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo), es de esa misma torta la que se va a distribuir a estos nuevos municipios, no va a implicar una erogación adicional de parte del Fisco, por lo menos”, explicó Llamosas.
Respecto a la discusión sobre si es conveniente o no contar con estos nuevos municipios, el ministro sostuvo que “los recursos van a tener que usarse en parte para financiar cuestiones de gastos corrientes de la estructura de financiamiento de ese municipio y van a tener menores recursos para poder invertir en infraestructura o cuestiones que muchas veces demanda la ciudadanía”.
“Son cuestiones que se definen en el Congreso, para el fisco no tiene ningún impacto directo; pero sí finalmente va a tener un impacto en la ciudadanía, que va a tener menores recursos en el sentido de que una parte va a tener que ir para gastos de funcionamiento de ese nuevo municipio”, reiteró.
Desafíos de la pandemia
La administración económica del país se enfrenta a la exigencia de encontrar el equilibrio entre seguir apoyando al dinamismo de los sectores más golpeados por la emergencia sanitaria – para que puedan recuperarse en sus niveles de producción – y empezar a reordenar las cuentas fiscales.
Por este motivo, el ministerio de Hacienda trazó el plan de convergencia a los límites que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF). El objetivo es pasar del déficit de 6,5% a 7% con que cerrará el 2020 a un nivel de 4% en el 2021; para seguir retrocediendo a 2,8% en el 2022 y a 2,1% en el 2023.
De esta manera, la regla de déficit fiscal (más gastos que ingresos en las arcas del Estado) de un máximo de 1,5% se volverá a cumplir recién en el 2024, según las proyecciones de Hacienda.
