La titular del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), Carla Bacigalaupo, realizó ante la mesa tripartita su informe de gestión del año 2020. Esta reunión incluyó a representantes del sector privado, así como a autoridades sindicales de los gremios.
En la ocasión, se brindó información sobre el pago de suspensiones de contratos laborales, que fue una de las principales herramientas para sostener el empleo durante la pandemia, según manifestó Bacigalupo en una entrevista anterior. Sin embargo, la falta de un seguro de desempleo formal todavía está pendiente, por lo que durante la emergencia sanitaria se debió recurrir a una suerte de “improvisación”.
En este sentido, los pagos realizados por suspensiones de contratos a través del Instituto de Previsión Social (IPS) alcanzaron la suma de G. 351.315 millones, unos USD 50,5 millones al cambio actual. El beneficio alcanzó a unas 98.406 personas, distribuidas en 8.749 empresas, según informó la ministra durante la presentación ante las autoridades gremiales.
En total se realizaron unos 449.865 pagos y la idea para el futuro es que, una vez concretado el plan de instalación para el seguro de desempleo definitivo, se pueda generar un fondo a través de un 2% del aporte patronal. Actualmente esta parte está destinada al Ejecutivo y se deberán hacer reasignaciones presupuestarias para que la política pública se pueda implementar efectivamente.
En lo que respecta a los pagos realizados por aislamiento preventivo por casos sospechosos de COVID-19, recientemente implementado, se desembolsaron unos G. 26.057 millones, que equivalen actualmente a alrededor de USD 3,7 millones.
Por su parte, los pagos por pertenecer a grupos de riesgo fueron en total 1.821 y alcanzaron a unos 923 trabajadores, totalizando la suma de G. 1.548 millones; mientras que los pagos por reposo en casos positivos de coronavirus llegaron a 1.548 trabajadores e implican un desembolso de G. 1.599 millones.
El total de pagos, sumando todos los conceptos mencionados, alcanzó un valor de USD 54,7 millones, lo que representa una ejecución del 60% de los recursos asignados por la Ley de Emergencia para el cometido de la protección de trabajadores del sector formal.
Se totalizó un alcance a 126.675 trabajadores y se realizaron 480.241 pagos.
